El 10% de los médicos españoles ha sido agredido físicamente alguna vez por pacientes o familiares de pacientes, y una amplia mayoría (tres de cada cuatro) han recibido una o más veces amenazas verbales. Se comprende así que la violencia de que son objeto en el ejercicio de su función se haya convertido en una de las principales preocupaciones de los facultativos españoles, quienes encaran hoy este problema con dosis variables de incredulidad, temor y perplejidad.
Para contribuir, en la medida de lo posible, a racionalizar esta cuestión, la Fundación CESM, adscrita a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, mayoritaria en el sector, ha presentado hoy un manual --titulado “Agresiones a facultativos. Guía de prevención y actuación”-- que distribuirá entre sus afiliados y simpatizantes y que persigue un doble objetivo: reflejar el estado de la cuestión (lo que implica hablar de un tema que a menudo se mantiene oculto incluso entre los propios afectados) y servir de guía al médico a la hora de abordar estas situaciones.
La presentación de la obra tuvo lugar hoy en la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, que ha colaborado en el proyecto, por lo que el papel esteler ante los medios de comunicación que asistieron al acto correspondió al titular de este departamento, Juan José Güemes, a quien acompañaron la autora principal de la obra, Dra. Beatriz Ogando, y los respresentantes del sindicato de Madrid FEMYTS Dres. De la Morena y Carlos Amaya (este último en calidad también de secretario de la Funcación CESM).
AUMENTAN LOS CASOS
Lo primero que ponen de relieve sus autores es que la magnitud del problema no permite obviarlo. De hecho, y aunque una de las deficiencias que se observan hoy al respecto es la casi total ausencia de registros (autonómicos al menos, a falta de uno nacional), los datos parciales que se conocen llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, y además de los reseñados al principio de esta información, extraídos de una encuesta hecha por el sindicato, el servicio jurídico del Colegio de Médicos de Madrid estimaba el pasado mes de junio que cada cuatro días un médico de esta comunidad autónoma denuncia una agresión; y la consejería de Andalucía ha cuantificado que durante el primer semestre de este años se produjeron 271 agresiones, cifra ésta que, por cierto, los sindicatos médicos andaluces consideran que no es ni mucho menos la real.
Por otra parte, se tiene también constancia de que la violencia hacia los facultativos aumenta sustancialmente de año en año, así como que todavía son una minoría los profesionales que dan el paso de denunciar su caso. Los motivos de ello son varios, entre ellos el temor a sufrir represalias por parte de los agresores, la provisionalidad en el puesto de trabajo (que impide al médico sentirse más seguro y derivar eventuales responsabilidades hacia el centro de trabajo) y el escepticismo sobre el alcance de la acción.
AMBITOS MÁS FRECUENTES
Otra de las conclusiones del manual son que el perfil del agresor suele ser el de un varón joven, que los centros de trabajo más expuestos son los de las zonas urbanas marginales, y que los ámbitos asistenciales con mayor riesgo son las urgencias hospitalarias, psiquiatría y atención primaria. En lo que atañe a las urgencias, donde se concentran alrededor del 45% de las agresiones, el detonante es la tensión propia que se respira en estos servicios, donde las actitudes violentas suelen provenir de familiares de pacientes. En cuanto a la atención primaria, tienden a estar relacionadas con discrepancias del paciente sobre la prescripción o por presiones para conseguir bajas laborales no justificadas desde el punto de vista del profesional.
Los autores de la obra recuerdan también que gran parte del trasfondo de esta cuestión tiene que ver con causas ajenas al médico, como son la masificación asistencial (que se traduce en retrasos en la atención y poco tiempo para establecer una mínima relación afable con el paciente) y el nulo esfuerzo que se hace desde la Administración para concienciar al ciudadano de que, en su relación con los profesionales sanitarios, no sólo tiene derechos, sino también deberes.
QUÉ HACER
En la guía que la Fundación CESM ha puesto desde hoy a disposición de los médicos se aconseja el modo de proceder ante las agresiones, y se anima --ofreciendo modelos para ello-- a denunciar todos los casos con el fin de salvaguardar la dignidad del profesional, por un lado, y contribuir a evidenciar la dimensión real problema, por otro. El Observatorio sobre Agresiones a Facultativos, creado por la Fundación CESM antes del verano, va en la línea de este segundo objetivo.
Paralelamente, se proponen varias actuaciones de carácter más general, aunque no por ello menos importantes, como la creación de un registro centralizado o la necesidad de que las agresiones los profesionales sanitarios se tipifiquen judicialmente como delitos y no como faltas, de modo que conlleven desde multas superiores a 600 euros a pena de cárcel. Hay que reconocer que hoy son ya 7 las comunidades autónomas que a lo largo del último año han avanzado en este camino (Andalucía, Cataluña, Asturias, Extremadura, Castilla La-Mancha, Galicia y País Vasco), si bien la efectividad de lo hecho hasta ahora es más bien escasa.
Otra propuesta de los sindicatos médicos consiste en adoptar medidas de seguridad específicas en aquellos centros especialmente problemáticos, como contratar vigilantes de seguridad, colocar cámaras en lugares estratégicos o que haya doble acceso a las consultas.
De la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos http://www.cesm.org/
