Barcelona.(EFE).- Los trabajadores hombres de entre 16 y 24 años doblan el porcentaje de bajas laborales (43%) frente a los de 45-54 años (21%), una situación similar que da también entre las mujeres, con un 47,6% de bajas en las más jóvenes frente a un 37,6% de las mayores, en enfermedades comunes.
Esta constatación forma parte del primer estudio elaborado en Catalunya sobre las incapacidades temporales causadas por contingencias comunes -enfermedades o accidentes no laborales-, aprobado hoy por el gobierno catalán en su reunión semanal.
Según este informe, el pasado año se produjeron en Catalunya 1.083.175 bajas laborales por contingencias comunes, de las que 547.803 correspondieron a hombres (50,6%) y 535.372 a mujeres (40,9%), con edades medias de 37,2 y 36,8 años, respectivamente.
El grupo de edad de 25 a 34 años acumula el 33% de todas las incapacidades laborales (32% de los hombres y 35% de las mujeres), pero la incidencia es más elevada entre los que tienen 16 a 19 años, disminuye progresivamente en los de mayor edad y vuelve a aumentar en los mayores de 55 años.
Las causas médicas más frecuentes de las bajas fueron el pasado año las enfermedades respiratorias (13% en los hombres y 12% en las mujeres), osteomusculares (95 y 10%, respectivamente) y enfermedades infecciosas (7% y 6%), aunque si se considera la duración, ganan impacto porcentual las enfermedades osteomusculares y los problemas de salud mental, indica el estudio.
La incidencia de las bajas, según el régimen de afiliación a la Seguridad Social, presenta también diferencias, según el estudio, que indica que los niveles de bajas menos destacados se encuentran entre los autónomos, con un 7,2%, y en el régimen del hogar, con un 8,1%, unas cifras que llegan al 37,5% en el régimen general. Al considerar la duración de las bajas, se observa el fenómeno contrario, 100,5 días en el régimen del hogar y 31,5 días en el general.
Por lo que se refiere a los días de baja por trabajador afiliado a la Seguridad Social, los del régimen general muestran 12,4 días de media frente a los 6,6 días de los autónomos, 5,9 de los especiales y 8,4 del hogar.
El 64% de las bajas tienen una duración de entre 1 y 15 días mientras que el 76% duran menos de un mes, siendo la media 33,8 días (30,8 en los hombres y 36,7 en las mujeres).
El 80% de los trabajadores no han estado de baja durante todo el año, indica el informe de la Generalitat, que añade que, entre los que sí han estado de baja, un 17% han tenido un proceso en un año, un 2,6% dos y un 0,4% han presentado tres o más procesos de baja laboral.
Este primer estudio forma parte de las medidas incluidas en el Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana, y tiene por objetivo mejorar la salud de los trabajadores, pero también 'la salud' de las empresas, indica la nota informativa del gobierno.
También añade que algunos autores cifran el impacto económico de las bajas laborales en el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán.
En Catalunya, el seguimiento del absentismo laboral por incapacidad laboral prescrito por el médico de cabecera lo realiza el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (Icam), un organismo adscrito al departamento de Salud de la Generalitat, que ha analizado 170.000 expedientes y realizado 350.000 visitas.
De La Vanguardia. 19/02/2008 http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080219/53437574342.html
Enlace a la página del IV Congreso SCMAL
Ya está disponible el programa del IV Congreso SCMAL, que se celebrará los días 1-2/11/2.008 en el Puerto de la Cruz, en Tenerife.
viernes, 30 de mayo de 2008
Noticia: Canarias registra 10.417 accidentes laborales y duplica hasta 14 el número de trabajadores muertos a marzo 2008
EUROPA PRESS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID. Canarias acumuló 10.417 siniestros en el trabajo hasta marzo de 2008, con un total de 14 fallecidos como consecuencia de accidentes laborales, lo que supuso duplicar la mortalidad en los primeros tres meses del año respecto al mismo periodo de 2007, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración a los que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, Canarias registró 14 muertos por accidente laboral entre enero y marzo de 2008, respecto a los 7 del mismo periodo del anterior ejercicio. En cambio, la comunidad ha visto reducir su número total de accidentes laborales, pasando de los 10.850 hasta marzo de 2007 a los 10.417 de este año.
Del total, en 2008, 10.344 fueron accidentes leves y 59 fueron graves, frente a 2007, cuando entre enero y marzo los leves sumaron 10.771 y los graves alcanzaron los 72.
A nivel nacional, un total de 293 trabajadores fallecieron en accidente laboral durante el primer trimestre del año, lo que supone un 7,6% menos que en igual periodo de 2007, cuando murieron 317 trabajadores a causa de la siniestralidad laboral.
Además, 227 de los 293 fallecidos perdieron la vida en su puesto de trabajo, la misma cantidad que entre enero y marzo del año pasado, en tanto que otros 66 murieron en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa (accidentes 'in itinere'), con un descenso del 26,7%.
En conjunto, en los tres primeros meses del año se registraron 223.064 accidentes con baja en jornada de trabajo y 24.671 siniestros 'in itinere'. Los primeros descendieron un 9,7% respecto al mismo periodo de 2007, mientras que los segundos lo hicieron en un 6,4%.
Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 220.894 hasta marzo (-9,6%) y los graves alcanzaron 1.943, un 14,4% menos que en el mismo periodo de 2007. En el caso de los siniestros 'in itinere' se registraron 24.177 accidentes de carácter leve (-6,2%) y 428 de gravedad (-16,9%).
En cuanto a las enfermedades profesionales, en los tres primeros meses del año se registraron 5.201 casos, un 24,7% más, de los que 3.434 causaron baja en el puesto de trabajo, cifra que representa un aumento del 15% respecto al año anterior.
De la Provincia-Diario de las Palmas Viernes 16 de mayo de 2008
http://64.233.183.104/search?q=cache:C4VPjcV3Rh4J:www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp%3FpRef%3D2008051600_3_151264__Canarias-Canarias-registra-10417-accidentes-laborales-duplica-hasta-numero-trabajadores-muertos-marzo+bajas+laborales+canarias+2008&hl=es&ct=clnk&cd=23&gl=es
En concreto, Canarias registró 14 muertos por accidente laboral entre enero y marzo de 2008, respecto a los 7 del mismo periodo del anterior ejercicio. En cambio, la comunidad ha visto reducir su número total de accidentes laborales, pasando de los 10.850 hasta marzo de 2007 a los 10.417 de este año.
Del total, en 2008, 10.344 fueron accidentes leves y 59 fueron graves, frente a 2007, cuando entre enero y marzo los leves sumaron 10.771 y los graves alcanzaron los 72.
A nivel nacional, un total de 293 trabajadores fallecieron en accidente laboral durante el primer trimestre del año, lo que supone un 7,6% menos que en igual periodo de 2007, cuando murieron 317 trabajadores a causa de la siniestralidad laboral.
Además, 227 de los 293 fallecidos perdieron la vida en su puesto de trabajo, la misma cantidad que entre enero y marzo del año pasado, en tanto que otros 66 murieron en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa (accidentes 'in itinere'), con un descenso del 26,7%.
En conjunto, en los tres primeros meses del año se registraron 223.064 accidentes con baja en jornada de trabajo y 24.671 siniestros 'in itinere'. Los primeros descendieron un 9,7% respecto al mismo periodo de 2007, mientras que los segundos lo hicieron en un 6,4%.
Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 220.894 hasta marzo (-9,6%) y los graves alcanzaron 1.943, un 14,4% menos que en el mismo periodo de 2007. En el caso de los siniestros 'in itinere' se registraron 24.177 accidentes de carácter leve (-6,2%) y 428 de gravedad (-16,9%).
En cuanto a las enfermedades profesionales, en los tres primeros meses del año se registraron 5.201 casos, un 24,7% más, de los que 3.434 causaron baja en el puesto de trabajo, cifra que representa un aumento del 15% respecto al año anterior.
De la Provincia-Diario de las Palmas Viernes 16 de mayo de 2008
http://64.233.183.104/search?q=cache:C4VPjcV3Rh4J:www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp%3FpRef%3D2008051600_3_151264__Canarias-Canarias-registra-10417-accidentes-laborales-duplica-hasta-numero-trabajadores-muertos-marzo+bajas+laborales+canarias+2008&hl=es&ct=clnk&cd=23&gl=es
Noticia: Canarias registra un repunte de accidentes laborales mortales en los primeros tres meses del año
De Canarias24horas.com. lunes, 28 de abril de 2008
Canarias/ El número de accidentes laborales mortales en Canarias en los tres primeros meses del año fue de 14 muertos, uno menos de los que se produjeron en todo 2007. Además, otras dos personas murieron ‘in itinere’ en el desplazamiento a su puesto de trabajo, según indicaron hoy Carmen Martínez y Rosa Afonso, representantes de C.C.OO. y de UGT, respectivamente.
Aunque ambas reconocieron la mejoría de la siniestralidad laboral en 2007 –con respecto al año anterior-, abogaron por no caer en la complacencia y por no bajar la guardia desde todos los ámbitos implicados, y aseguraron que algo está fallando para que en este año se haya producido un repunte en la mortalidad laboral.
Las representantes sindicales se manifestaron en estos términos tras la inauguración del ‘Espacio de Prevención’ en el Aeropuerto Tenerife Norte, una zona habilitada por el Gobierno de Canarias, en colaboración con AENA, en la que se informará sobre iniciativas, cursos y leyes en materia de prevención de los riesgos laborales.
Este puesto de información fue inaugurado por el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, y el director general de Trabajo, Pedro Tomás Pino, quienes afirmaron que el 57 por ciento de la accidentalidad mortal registrada en el primer trimestre de 2008 fue consecuencia de patologías no traumáticas, como infartos o derrames cerebrales.
Jorge Rodríguez recordó que en 2007 Canarias se situó a la cabeza de las comunidades autónomas en materia de prevención al reducir en un 54 por ciento el número de mortalidad laboral.
Durante los tres primeros meses del año, la accidentalidad total con baja en jornada de trabajo disminuyó en 431 accidentes, lo que supone una reducción de la accidentalidad del 3,3 por ciento respecto al mismo periodo del 2007, según un informe de la Consejería de Empleo, que sin embargo recoge que en ese periodo se ha producido “un repunte” de la mortalidad.
El informe recoge asimismo una reducción de la accidentalidad grave en la jornada laboral de un 18, 6 por ciento, lo que supone 14 accidente menos que en los tres primeros meses de 2007. También se ha producido un descenso de la mortalidad total ‘in itinere’, cinco menos.
Estos datos, que son provisionales debido a los diferentes periodos de cómputo, reflejan que en el primer trimestre se comunicaron 29 partes de enfermedades profesionales con baja y 10 sin baja.
ACCIDENTES MORTALES
El responsable de Salud Laboral de CC.OO. Juan Jesús Bermúdez, dijo a ACN Press que el año 2008 ha empezado mal respecto a los accidentes mortales. Según datos aportados por CC.OO.- en base a estadísticas del Gobierno de Canarias- aproximadamente se ha producido un accidente mortal a la semana en este primer trimestre.
Esos datos indican que los accidentes mortales son el único tipo de accidente en el que estadísticamente se revela que se ha empeorado en este año, dando un total de 16 muertes en 2008, que significan, respecto a las 12 muertes en el anterior, un 33,3% de incremento.
Los sectores que más abarcan los accidentes mortales, según los datos de CC.OO., son el de la construcción y los servicios, datos que se confirmó en el pasado trimestre.
Canarias/ El número de accidentes laborales mortales en Canarias en los tres primeros meses del año fue de 14 muertos, uno menos de los que se produjeron en todo 2007. Además, otras dos personas murieron ‘in itinere’ en el desplazamiento a su puesto de trabajo, según indicaron hoy Carmen Martínez y Rosa Afonso, representantes de C.C.OO. y de UGT, respectivamente.
Aunque ambas reconocieron la mejoría de la siniestralidad laboral en 2007 –con respecto al año anterior-, abogaron por no caer en la complacencia y por no bajar la guardia desde todos los ámbitos implicados, y aseguraron que algo está fallando para que en este año se haya producido un repunte en la mortalidad laboral.
Las representantes sindicales se manifestaron en estos términos tras la inauguración del ‘Espacio de Prevención’ en el Aeropuerto Tenerife Norte, una zona habilitada por el Gobierno de Canarias, en colaboración con AENA, en la que se informará sobre iniciativas, cursos y leyes en materia de prevención de los riesgos laborales.
Este puesto de información fue inaugurado por el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, y el director general de Trabajo, Pedro Tomás Pino, quienes afirmaron que el 57 por ciento de la accidentalidad mortal registrada en el primer trimestre de 2008 fue consecuencia de patologías no traumáticas, como infartos o derrames cerebrales.
Jorge Rodríguez recordó que en 2007 Canarias se situó a la cabeza de las comunidades autónomas en materia de prevención al reducir en un 54 por ciento el número de mortalidad laboral.
Durante los tres primeros meses del año, la accidentalidad total con baja en jornada de trabajo disminuyó en 431 accidentes, lo que supone una reducción de la accidentalidad del 3,3 por ciento respecto al mismo periodo del 2007, según un informe de la Consejería de Empleo, que sin embargo recoge que en ese periodo se ha producido “un repunte” de la mortalidad.
El informe recoge asimismo una reducción de la accidentalidad grave en la jornada laboral de un 18, 6 por ciento, lo que supone 14 accidente menos que en los tres primeros meses de 2007. También se ha producido un descenso de la mortalidad total ‘in itinere’, cinco menos.
Estos datos, que son provisionales debido a los diferentes periodos de cómputo, reflejan que en el primer trimestre se comunicaron 29 partes de enfermedades profesionales con baja y 10 sin baja.
ACCIDENTES MORTALES
El responsable de Salud Laboral de CC.OO. Juan Jesús Bermúdez, dijo a ACN Press que el año 2008 ha empezado mal respecto a los accidentes mortales. Según datos aportados por CC.OO.- en base a estadísticas del Gobierno de Canarias- aproximadamente se ha producido un accidente mortal a la semana en este primer trimestre.
Esos datos indican que los accidentes mortales son el único tipo de accidente en el que estadísticamente se revela que se ha empeorado en este año, dando un total de 16 muertes en 2008, que significan, respecto a las 12 muertes en el anterior, un 33,3% de incremento.
Los sectores que más abarcan los accidentes mortales, según los datos de CC.OO., son el de la construcción y los servicios, datos que se confirmó en el pasado trimestre.
Noticia: Trabajadores con baja laboral y sin prestación económica denuncian irregularidades del tribunal médico
CARMEN SANTANA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Afectados por bajas médicas de larga duración y que no perciben prestaciones económicas presentaron ayer una queja ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la capital grancanaria contra la actuación de los tribunales de valoración médicos y en la que solicitan una revisión de sus expedientes para que se reintegre su derecho a la percepción mientras continúe su situación de salud.
La iniciativa, del Sindicato Obrero Canario (SOC), quien asesora a los trabajadores afectados, persigue que los expedientes de estos -unos 50 en la Comunidad Autónoma y alrededor de un millar en todo elEstado- sean revisados o se les conceda el alta médica para poder reintegrarse en el trabajo y poder cobrar sus nóminas, según explicó ayer Mario Borges, del colectivo de afectados.
El SOCcontabiliza en la provincia de Las Palmas una treintena de casos, la mayoría producidos a lo largo del pasado año 2007, según explicó Rubén Alemán, portavoz del sindicato, y que afectan a trabajadores de Guaguas Municipales y del sector de hostelería.
Todos ellos han permanecido doce meses de baja y tras pasar la valoración del tribunal médico se les mantuvo la baja laboral pero se les dio el alta económica, por lo que no perciben emolumentos.
Para el SOC es "un fraude" la actuación de los tribunales, "posiblemente porque existía un cupo para pagar las bajas y fuera de un presupuesto se daban altas económicas. Querían ahorrarse las prestaciones".
Esa situación ya no es posible desde el 1 de enero de este año, por la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social, que viene a rectificar lo establecido en el artículo 128.2 de la Ley General de la Seguridad Social. "Pero no se aplica a efectos retroactivos a las personas afectadas por dicho fraude", según el portavoz del SOC, "dejando en indefensión a los afectados".
En el escrito de queja presentado ayer, se señala que el sindicato, a través de sus servicios jurídicos, ha tramitado decenas de demandas en las que se recurren las resoluciones de los equipos de valoración de incapacidades (EVI), que han obligado en muchos casos a la reincorporación laboral sin haberse recuperado de su dolencia. "Estos trabajadores, al no haber recibido el alta médica, continúan tomando antidepresivos, u otros fármacos, incluso morfina, prescritos por su médico, contraproducentes con su actividad profesional (muchos son conductores de guaguas y camiones) y para la seguridad de los usuarios".
Además, el escrito de queja afirma que "en muchos casos los facultativos de los tribunales médicos no son especialistas de las patologías que reconocen y que deben valorar", por lo que piden al INSS que tome medidas "para que se proceda al cese de este tipo de irregularidades que están afectando a la salud y la seguridad de los usuarios de servicios públicos".
De La Provincia Viernes 18 de enero de 2008
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1670_4_125597__Las-Palmas-GC-Trabajadores-baja-laboral-prestacion-economica-denuncian-irregularidades-tribunal-medico
La iniciativa, del Sindicato Obrero Canario (SOC), quien asesora a los trabajadores afectados, persigue que los expedientes de estos -unos 50 en la Comunidad Autónoma y alrededor de un millar en todo elEstado- sean revisados o se les conceda el alta médica para poder reintegrarse en el trabajo y poder cobrar sus nóminas, según explicó ayer Mario Borges, del colectivo de afectados.
El SOCcontabiliza en la provincia de Las Palmas una treintena de casos, la mayoría producidos a lo largo del pasado año 2007, según explicó Rubén Alemán, portavoz del sindicato, y que afectan a trabajadores de Guaguas Municipales y del sector de hostelería.
Todos ellos han permanecido doce meses de baja y tras pasar la valoración del tribunal médico se les mantuvo la baja laboral pero se les dio el alta económica, por lo que no perciben emolumentos.
Para el SOC es "un fraude" la actuación de los tribunales, "posiblemente porque existía un cupo para pagar las bajas y fuera de un presupuesto se daban altas económicas. Querían ahorrarse las prestaciones".
Esa situación ya no es posible desde el 1 de enero de este año, por la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social, que viene a rectificar lo establecido en el artículo 128.2 de la Ley General de la Seguridad Social. "Pero no se aplica a efectos retroactivos a las personas afectadas por dicho fraude", según el portavoz del SOC, "dejando en indefensión a los afectados".
En el escrito de queja presentado ayer, se señala que el sindicato, a través de sus servicios jurídicos, ha tramitado decenas de demandas en las que se recurren las resoluciones de los equipos de valoración de incapacidades (EVI), que han obligado en muchos casos a la reincorporación laboral sin haberse recuperado de su dolencia. "Estos trabajadores, al no haber recibido el alta médica, continúan tomando antidepresivos, u otros fármacos, incluso morfina, prescritos por su médico, contraproducentes con su actividad profesional (muchos son conductores de guaguas y camiones) y para la seguridad de los usuarios".
Además, el escrito de queja afirma que "en muchos casos los facultativos de los tribunales médicos no son especialistas de las patologías que reconocen y que deben valorar", por lo que piden al INSS que tome medidas "para que se proceda al cese de este tipo de irregularidades que están afectando a la salud y la seguridad de los usuarios de servicios públicos".
De La Provincia Viernes 18 de enero de 2008
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1670_4_125597__Las-Palmas-GC-Trabajadores-baja-laboral-prestacion-economica-denuncian-irregularidades-tribunal-medico
Noticia: Se reduce la duración de las bajas laborales pero crece su incidencia
De Huelva Información. Viernes, 30 de mayo de 2008. http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/127538/se/reduce/la/duracion/las/bajas/laborales/pero/crece/su/incidencia.html
El número de procesos por cada mil trabajadores sube un 22% en los últimos tres años, mientras que su duración disminuye un 34% · Dolencias osteomusculares y respiratorias, las más numerosas
La inspección y seguimiento de los casos de incapacidad temporal por enfermedades comunes ha tenido su efecto en la duración de las bajas, dejando un claro descenso en el número de días que por término medio afecta a cada proceso, aunque los datos del Ministerio de Trabajo dejan un más que evidente incremento en el número de casos que cada mes se registra en nuestra provincia por cada mil trabajadores.
Un proceso de incapacidad temporal (como se denominan lo que popularmente se conoce como baja por enfermedad común) dura una media de 44 días, según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al cierre del pasado ejercicio, 23 días menos de los que se aplicaban a cada proceso dos años antes, lo que deja un descenso en la duración de estas bajas del 34%. Una reducción que tanto fuentes de Salud como empresariales achacan a la labor de la inspección, que ha logrado que en la mitad de los casos inspeccionados se emita el alta laboral y que tres de cada diez onubenses vuelvan al trabajo nada más recibir la llamada de los inspectores.
Pero si se ha dado un paso adelante en este sentido también se ha constatado que se ha incrementado el número de bajas por cada mil trabajadores (incidencia). Así, según las mismas fuentes, la media mensual en nuestra provincia durante el ejercicio pasado alcanzó los 25,43 casos, cuando un año antes era de 21,08 y dos años atrás de 20,92, lo que pone de manifiesto que en tres años ha aumentado el número de bajas un 22%.
A pesar de estos datos, desde Salud se subraya que dos de cada tres episodios vuelven al trabajo después del 16º día de baja, ya que los procesos más numerosos son los que están provocados por enfermedades respiratorias y osteomusculares, procesos que no suelen requerir de largos períodos de reposo, si bien la media sube hasta los más de 40 días cuando se trata de enfermedades que están relacionadas con tumores o transtornos mentales o del sistema nervioso.
Las bajas laborales están íntimamente relacionadas con la actividad en la que se trabaja, con la edad de los trabajadores y también con el sexo. Así, según los datos que maneja la Delegación Provincial de Salud, más de una quinta parte de los procesos por incapacidad laboral llegan de la industria (en su concepción más amplia), sector al que le sigue la construcción, que acapara algo más de un 15% de las bajas, el mismo porcentaje que registra el comercio. Le siguen los servicios empresariales (con el 12% de los casos), intermediación financiera (con más del 10%) y hostelería (8%). A pesar de ello, según un estudio realizado el año pasado por la Universidad Pompeu Fabra, el sector de la industria presenta las bajas de menor duración frente al de la hostelería, donde casi se duplica el número de días en los que se sus trabajadores se mantienen de baja. Así, si la duración media de un proceso para un trabajador del primer sector se sitúa en los 22 días, esta cifra se duplica si se trata de un empleado del sector de la hostelería para llegar hasta los 40 días.
Si se analiza la edad de los trabajadores que se dan de baja, los procesos más numerosos se dan entre los trabajadores de menos de 40 años, si bien los procesos más largos corresponden a los que superan esta edad, que casi llegan a duplicar el número de días (35 frente a 56).
Las de los hombres son más numerosas que las de las mujeres, algo lógico si se tiene en cuenta que en el mercado de trabajo aún tiene un fuerte peso el género masculino. Así, atendiendo sólo a los datos del ejercicio pasado, del total de procesos por incapacidad temporal, el 75% correspondió a hombres, aunque la duración más larga corresponde a las que protagonizan las mujeres, dejando una media de 42 días para hombres frente a los casi 67 jornadas en las que se extienden las bajas de las trabajadoras.
A pesar de que las cifras absolutas pueden parecer en cierta medida alarmantes, desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria se destaca que las incapacidades temporales sólo afectan a la población activa (una tercera parte del total) que se beneficia de bajas laborales (el 30% de la población activa), lo que pone de manifiesto que el problema de este tipo de bajas (si puede entenderse como tal) hace referencia a un 10% de la población.
Noticia: Los lunes a la sombra. Los excesos alcohólicos del fin de semana aumentan el absentismo laboral
Ese Hoy no me puedo levantar que popularizó el grupo Mecano en los años ochenta sigue siendo la música de cabecera, sobre todo de los lunes, para los que se han extralimitado con la bebida el fin de semana. El resultado, en muchos casos, es una llamada al trabajo alegando cualquier motivo para retrasar un día la actividad.
Un trabajo de la Fundación de Ayuda para la Drogadicción (FAD) cifra en el 3,1% el porcentaje de trabajadores que falta a su puesto como resultado de haber ingerido alcohol. Estos datos coinciden con los de estudios internacionales que apuntan que el absentismo laboral casi se triplica entre quienes beben en exceso o que el 3%-6% de los trabajadores varones de países nórdicos (1%-4% de mujeres) dijo faltar al menos una vez en el último año al trabajo por culpa del alcohol.
El 31% de las bajas laborales de la semana se da los lunes, admite Rafael Manzanera, director del Institut Català d´Avaluacions Mèdiques (ICAM), dependiente de Salut. Este organismo también constató que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los trabajadores con mayor incidencia de bajas: hasta el 43% de los varones y el 47,6% de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social de esa edad tuvo alguna baja en el 2007, cuando deberían tener menos problemas de salud que en otras franjas de edad.
No consta cuántas bajas podrían relacionarse con el abuso de alcohol o drogas. El absentismo laboral relacionado con el exceso alcohólico se traduciría poco en bajas por incapacidad, pues en la mayoría de las empresas estas sólo se tramitan para ausencias de más de tres días. Pese a la falta de datos, en el ámbito laboral existe una percepción de que hay mucho absentismo vinculado al alcohol, y más los lunes. Y preocupa. La consellera de Salut, Marina Geli, alertó de ello hace unos días en unas jornadas sobre alcohol en Barcelona.
"No se ha cuantificado si hay más ausencias los lunes y si están relacionadas con el alcohol del fin de semana, pero existe la percepción de que ocurre", señala Javier Ibars, director de relaciones laborales y asuntos sociales de Foment de Treball. "Las empresas citan a menudo este problema, porque, sobre todo para las de pequeño tamaño, la falta de un trabajador un día comporta muchos problemas", agrega Josep Hallado, responsable de relaciones laborales en la Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya (Pimec).
Un informe de la Comisión Europea (CE) indica que el 5% de los hombres y el 2% de las mujeres que beben alcohol admiten que tuvo repercusiones en su trabajo o estudios el último año, porcentaje que se eleva al 10% entre los menores de 30 años de Gran Bretaña e Irlanda.
Una encuesta de Comisiones Obreras (CC. OO.) revela que la mayoría de los trabajadores considera el alcohol una sustancia peligrosa no sólo para el compañero que consume en exceso, sino también para el devenir del trabajo. Los problemas que detectan son fundamentalmente dos: la baja productividad y el absentismo laboral.
La citada encuesta, realizada en el año 2006 en 327 empresas y a más de 800 empleados, apunta que una mayoría de los trabajadores cifra en un 5% el porcentaje de compañeros que consumen "mucho" alcohol, la mayor parte de los cuales pertenecen a los "consumidores de riesgo" de los sectores industrial, de servicios, construcción y agricultura.
La dirección empresarial no es ajena a este problema. Según este trabajo, la mitad de las empresas se ha planteado el problema del alcohol, preocupación que depende del tamaño de la empresa: poco en las pequeñas (33%) y mucho en las grandes (63%) y muy grandes (78%). En general, fue la propia dirección la que propuso intervenir, aunque en la mayoría de los casos esa intervención se refería a casos aislados.
¿Por qué esa preocupación por el alcoholismo por los agentes laborales si el consumo se suele realizar fuera del recinto? En el caso de los trabajadores, explican desde UGT, porque si un compañero bebe en exceso, repercute en la salud del bebedor y también pone en peligro las vidas de los demás. Además, al bajar su productividad, la carga del trabajo recae en sus compañeros. Lo mismo ocurre con el absentismo, ya sea de un día o de varias jornadas.
El absentismo por el alcohol se diluye en el grave problema de absentismo y numerosas bajas, en general, que dicen tener las empresas. Las preocupaciones de estas van encaminadas a las pérdidas económicas: Pimec ha estimado que los costes del absentismo laboral ascienden a 2.677 millones de euros en Catalunya y 12.800 en toda España.
Ibars se lamenta de que los empresarios no disponen de mecanismos para verificar si las bajas de corta duración, ya no digamos una ausencia de un día, están justificadas. El ICAM se ha comprometido a ampliar la inspección, pero no se espera que pueda verificar las ausencias de pocos días.
Ahora, ante ausencias cortas, las empresas pueden aplicar descuentos de sueldo o expedientes. Si las ausencias o bajas son reiteradas (y se consideran no justificadas), puede ser causa de despido. Algunas empresas prefieren recurrir a incentivos a los empleados que no llegan a determinado número de días de baja al año.
Ibars critica igualmente que las empresas no tienen margen para detectar el problema del abuso del alcohol o de otras sustancias adictivas entre sus trabajadores. La mayoría tampoco prevé mecanismos de prevención o de resolución de la dependencia. Una idea sería, en la línea de los tratamientos del tabaco, que las empresas se implicaran más en las terapias de deshabituación, incluso costeándolas en parte.
Menor rendimiento y más irritabilidad
La dirección empresarial no es ajena a este problema. Según este trabajo, la mitad de las empresas se ha planteado el problema del alcohol, preocupación que depende del tamaño de la empresa: poco en las pequeñas (33%) y mucho en las grandes (63%) y muy grandes (78%). En general, fue la propia dirección la que propuso intervenir, aunque en la mayoría de los casos esa intervención se refería a casos aislados.
El trabajador dependiente del alcohol no deja de ir a trabajar (pese a ausencias aisladas), pero cae su rendimiento. Se reduce su concentración, su precisión y su resistencia a la frustración, sea a la menor observación o a una situación de estrés. Esa irritabilidad es fuente de conflictos con los jefes o compañeros y mucha veces lleva a la persona a la depresión, explica el psiquiatra Manuel Mas-Bagà, director de CAT/ Barcelona, centro de atención a dependencias. Detrás del abuso del alcohol suele haber problemas emocionales, familiares o laborales. Se empieza recurriendo al alcohol como un analgésico y acaba aumentando el problema. En los jóvenes, el inicio del consumo puede ser para desinhibirse y en más casos va acompañado de drogas. Lo positivo es que más jóvenes que años atrás ven que "no controlan" a edad temprana y buscan ayuda, asegura Mas-Bagà.
De LA Vanguardia.es 21/04/2008 http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080421/53457214832.html
Un trabajo de la Fundación de Ayuda para la Drogadicción (FAD) cifra en el 3,1% el porcentaje de trabajadores que falta a su puesto como resultado de haber ingerido alcohol. Estos datos coinciden con los de estudios internacionales que apuntan que el absentismo laboral casi se triplica entre quienes beben en exceso o que el 3%-6% de los trabajadores varones de países nórdicos (1%-4% de mujeres) dijo faltar al menos una vez en el último año al trabajo por culpa del alcohol.
El 31% de las bajas laborales de la semana se da los lunes, admite Rafael Manzanera, director del Institut Català d´Avaluacions Mèdiques (ICAM), dependiente de Salut. Este organismo también constató que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los trabajadores con mayor incidencia de bajas: hasta el 43% de los varones y el 47,6% de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social de esa edad tuvo alguna baja en el 2007, cuando deberían tener menos problemas de salud que en otras franjas de edad.
No consta cuántas bajas podrían relacionarse con el abuso de alcohol o drogas. El absentismo laboral relacionado con el exceso alcohólico se traduciría poco en bajas por incapacidad, pues en la mayoría de las empresas estas sólo se tramitan para ausencias de más de tres días. Pese a la falta de datos, en el ámbito laboral existe una percepción de que hay mucho absentismo vinculado al alcohol, y más los lunes. Y preocupa. La consellera de Salut, Marina Geli, alertó de ello hace unos días en unas jornadas sobre alcohol en Barcelona.
"No se ha cuantificado si hay más ausencias los lunes y si están relacionadas con el alcohol del fin de semana, pero existe la percepción de que ocurre", señala Javier Ibars, director de relaciones laborales y asuntos sociales de Foment de Treball. "Las empresas citan a menudo este problema, porque, sobre todo para las de pequeño tamaño, la falta de un trabajador un día comporta muchos problemas", agrega Josep Hallado, responsable de relaciones laborales en la Pequeña y Mediana Empresa de Catalunya (Pimec).
Un informe de la Comisión Europea (CE) indica que el 5% de los hombres y el 2% de las mujeres que beben alcohol admiten que tuvo repercusiones en su trabajo o estudios el último año, porcentaje que se eleva al 10% entre los menores de 30 años de Gran Bretaña e Irlanda.
Una encuesta de Comisiones Obreras (CC. OO.) revela que la mayoría de los trabajadores considera el alcohol una sustancia peligrosa no sólo para el compañero que consume en exceso, sino también para el devenir del trabajo. Los problemas que detectan son fundamentalmente dos: la baja productividad y el absentismo laboral.
La citada encuesta, realizada en el año 2006 en 327 empresas y a más de 800 empleados, apunta que una mayoría de los trabajadores cifra en un 5% el porcentaje de compañeros que consumen "mucho" alcohol, la mayor parte de los cuales pertenecen a los "consumidores de riesgo" de los sectores industrial, de servicios, construcción y agricultura.
La dirección empresarial no es ajena a este problema. Según este trabajo, la mitad de las empresas se ha planteado el problema del alcohol, preocupación que depende del tamaño de la empresa: poco en las pequeñas (33%) y mucho en las grandes (63%) y muy grandes (78%). En general, fue la propia dirección la que propuso intervenir, aunque en la mayoría de los casos esa intervención se refería a casos aislados.
¿Por qué esa preocupación por el alcoholismo por los agentes laborales si el consumo se suele realizar fuera del recinto? En el caso de los trabajadores, explican desde UGT, porque si un compañero bebe en exceso, repercute en la salud del bebedor y también pone en peligro las vidas de los demás. Además, al bajar su productividad, la carga del trabajo recae en sus compañeros. Lo mismo ocurre con el absentismo, ya sea de un día o de varias jornadas.
El absentismo por el alcohol se diluye en el grave problema de absentismo y numerosas bajas, en general, que dicen tener las empresas. Las preocupaciones de estas van encaminadas a las pérdidas económicas: Pimec ha estimado que los costes del absentismo laboral ascienden a 2.677 millones de euros en Catalunya y 12.800 en toda España.
Ibars se lamenta de que los empresarios no disponen de mecanismos para verificar si las bajas de corta duración, ya no digamos una ausencia de un día, están justificadas. El ICAM se ha comprometido a ampliar la inspección, pero no se espera que pueda verificar las ausencias de pocos días.
Ahora, ante ausencias cortas, las empresas pueden aplicar descuentos de sueldo o expedientes. Si las ausencias o bajas son reiteradas (y se consideran no justificadas), puede ser causa de despido. Algunas empresas prefieren recurrir a incentivos a los empleados que no llegan a determinado número de días de baja al año.
Ibars critica igualmente que las empresas no tienen margen para detectar el problema del abuso del alcohol o de otras sustancias adictivas entre sus trabajadores. La mayoría tampoco prevé mecanismos de prevención o de resolución de la dependencia. Una idea sería, en la línea de los tratamientos del tabaco, que las empresas se implicaran más en las terapias de deshabituación, incluso costeándolas en parte.
Menor rendimiento y más irritabilidad
La dirección empresarial no es ajena a este problema. Según este trabajo, la mitad de las empresas se ha planteado el problema del alcohol, preocupación que depende del tamaño de la empresa: poco en las pequeñas (33%) y mucho en las grandes (63%) y muy grandes (78%). En general, fue la propia dirección la que propuso intervenir, aunque en la mayoría de los casos esa intervención se refería a casos aislados.
El trabajador dependiente del alcohol no deja de ir a trabajar (pese a ausencias aisladas), pero cae su rendimiento. Se reduce su concentración, su precisión y su resistencia a la frustración, sea a la menor observación o a una situación de estrés. Esa irritabilidad es fuente de conflictos con los jefes o compañeros y mucha veces lleva a la persona a la depresión, explica el psiquiatra Manuel Mas-Bagà, director de CAT/ Barcelona, centro de atención a dependencias. Detrás del abuso del alcohol suele haber problemas emocionales, familiares o laborales. Se empieza recurriendo al alcohol como un analgésico y acaba aumentando el problema. En los jóvenes, el inicio del consumo puede ser para desinhibirse y en más casos va acompañado de drogas. Lo positivo es que más jóvenes que años atrás ven que "no controlan" a edad temprana y buscan ayuda, asegura Mas-Bagà.
De LA Vanguardia.es 21/04/2008 http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080421/53457214832.html
Noticias: La consulta no siempre ha de ser presencial
Las consultas presenciales deben seguir existiendo, pero hay que aumentar el valor añadido de los médicos con el uso de la telemedicina.
Cuando se ve que las advertencias no tienen resultado y que las cosas siguen haciéndose mal, hay que cambiar la forma de decir las cosas, y eso es lo que ha hecho Carlos Hernández-Salvador, director de proyectos de la Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid: "Hay que dejar de perder el tiempo. Según funciona el actual sistema sanitario, los médicos no pueden aportar valor añadido en muchos casos. Las visitas presenciales son necesarias, pero no siempre. Dediquémonos a nuevos pacientes y diagnósticos".
Julio Bonis, médico de familia del Centro de Salud Espronceda, en Madrid, ha recogido el guante: "No se puede pensar que por usar las tecnologías de la información se pierda la relación entre médico-paciente".
"Es cuestión de la rigidez del sistema y de sobre qué pivota éste, que debería ser la satisfacción del paciente", ha apuntado Hernández-Salvador.
¿Faltan médicos?
No obstante, Juan Gervás, médico de familia en Canencia de la Sierra (Madrid) y coordinador de la jornada El Mejor Uso del Conocimiento en Clínica, Gestión e Investigación: Ciencia y Tecnología de la Información en Medicina, organizada en Madrid por la Fundación Ciencias de la Salud (ver DM de ayer), piensa que las faltas que se achacan al sistema y "hacen que creamos que faltan médicos, se deben en realidad a que nos centramos demasiado en el contacto médico-paciente, en la figura del médico -cuando hay otros profesionales en sanidad- y en cosas sin importancia".
Luis Alberto García, director del Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (Ceife), en Madrid, ha denunciado que las bases de datos están infrautilizadas y ha señalado que el proyecto Bifap que el Ceife realiza en colaboración con la Agencia Española del Medicamento sólo lo apoya la mitad de las comunidades autónomas españolas. Por su parte, Julián Librero, de la Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en Zaragoza, ha explicado que en el atlas de la variabilidad de la práctica médica también hay problemas para conseguir los datos.
Según García, el problema está en que "algunos eslabones intermedios de la cadena jerárquica tienen que hacerse notar y lo hacen más negándose". Sin embargo, Guadalupe Carmona, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cree que esto se debe en parte a que algunos médicos no están dispuestos a ceder los datos, pero José Antonio González-Posada, del Centro de Salud El Greco, en Getafe, lo ha negado: "En nuestro caso fue la gerencia la que rehuso participar en Bifap".
De Diario Médico: 30/5/2008: http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/gestion/es/desarrollo/1129101.html
Cuando se ve que las advertencias no tienen resultado y que las cosas siguen haciéndose mal, hay que cambiar la forma de decir las cosas, y eso es lo que ha hecho Carlos Hernández-Salvador, director de proyectos de la Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid: "Hay que dejar de perder el tiempo. Según funciona el actual sistema sanitario, los médicos no pueden aportar valor añadido en muchos casos. Las visitas presenciales son necesarias, pero no siempre. Dediquémonos a nuevos pacientes y diagnósticos".
Julio Bonis, médico de familia del Centro de Salud Espronceda, en Madrid, ha recogido el guante: "No se puede pensar que por usar las tecnologías de la información se pierda la relación entre médico-paciente".
"Es cuestión de la rigidez del sistema y de sobre qué pivota éste, que debería ser la satisfacción del paciente", ha apuntado Hernández-Salvador.
¿Faltan médicos?
No obstante, Juan Gervás, médico de familia en Canencia de la Sierra (Madrid) y coordinador de la jornada El Mejor Uso del Conocimiento en Clínica, Gestión e Investigación: Ciencia y Tecnología de la Información en Medicina, organizada en Madrid por la Fundación Ciencias de la Salud (ver DM de ayer), piensa que las faltas que se achacan al sistema y "hacen que creamos que faltan médicos, se deben en realidad a que nos centramos demasiado en el contacto médico-paciente, en la figura del médico -cuando hay otros profesionales en sanidad- y en cosas sin importancia".
Luis Alberto García, director del Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (Ceife), en Madrid, ha denunciado que las bases de datos están infrautilizadas y ha señalado que el proyecto Bifap que el Ceife realiza en colaboración con la Agencia Española del Medicamento sólo lo apoya la mitad de las comunidades autónomas españolas. Por su parte, Julián Librero, de la Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en Zaragoza, ha explicado que en el atlas de la variabilidad de la práctica médica también hay problemas para conseguir los datos.
Según García, el problema está en que "algunos eslabones intermedios de la cadena jerárquica tienen que hacerse notar y lo hacen más negándose". Sin embargo, Guadalupe Carmona, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cree que esto se debe en parte a que algunos médicos no están dispuestos a ceder los datos, pero José Antonio González-Posada, del Centro de Salud El Greco, en Getafe, lo ha negado: "En nuestro caso fue la gerencia la que rehuso participar en Bifap".
De Diario Médico: 30/5/2008: http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/gestion/es/desarrollo/1129101.html
Noticias: Traumatología se coloca a la cabeza de las reclamaciones
Diego de la Torre, director de la División de Sanidad de Willis Ibérica, ha analizado el seguro de responsabilidad civil de la profesión sanitaria y la situación actual de los contratos y de la siniestralidad.
En un estudio realizado por Willis Ibérica con datos de los tres últimos años y partiendo de un total de 5.000 siniestros analizados (un 80 por ciento correspondientes a la sanidad pública y un 20 por ciento al sector privado), Traumatología y Cirugía Ortopédica se alza como la primera especialidad más reclamada, con un 17,6 por ciento de los siniestros, seguida de Ginecología y Obstetricia, con un 15,1 por ciento; Cirugía General y Digestiva, con un 7,8 por ciento, y Urgencias con un 7,2 por ciento. En cualquier caso, de los siniestros que afectan a Ginecología, sólo un 30 por ciento se refieren a ésta y un 70 por ciento a Obstetricia, por lo que, según la correduría de seguros "se produciría una media de una reclamación por cada 1.500 partos".
De la Torre ha precisado que el mercado asegurador se encuentra expectante ante los "riesgos de la medicina complementaria (osteopatía, aromaterapia, quiropráctica) y la alternativa (homeopatía y acupuntura), los riesgos por el tratamiento de datos de carácter personal, los informáticos, los medioambientales y los derivados de la fecundación in vitro".
En cuanto al futuro, el aseguramiento de la responsabilidad sanitaria "va a requerir de una serie de reflexiones sobre cuestiones como la baremación de los daños sanitarios, la clarificación de los requisitos para imputar la responsabilidad sanitaria y aplicar una política de gestión de riesgos para prevenir los daños y controlar los siniestros, entre otros".
De Diario Médico: 30/5/2.008: http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1129091.html
jueves, 29 de mayo de 2008
Noticias: Fundación CESM presenta un manual sobre cómo prevenir y actuar en las agresiones por parte de pacientes
El 10% de los médicos españoles ha sido agredido físicamente alguna vez por pacientes o familiares de pacientes, y una amplia mayoría (tres de cada cuatro) han recibido una o más veces amenazas verbales. Se comprende así que la violencia de que son objeto en el ejercicio de su función se haya convertido en una de las principales preocupaciones de los facultativos españoles, quienes encaran hoy este problema con dosis variables de incredulidad, temor y perplejidad.
Para contribuir, en la medida de lo posible, a racionalizar esta cuestión, la Fundación CESM, adscrita a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, mayoritaria en el sector, ha presentado hoy un manual --titulado “Agresiones a facultativos. Guía de prevención y actuación”-- que distribuirá entre sus afiliados y simpatizantes y que persigue un doble objetivo: reflejar el estado de la cuestión (lo que implica hablar de un tema que a menudo se mantiene oculto incluso entre los propios afectados) y servir de guía al médico a la hora de abordar estas situaciones.
La presentación de la obra tuvo lugar hoy en la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, que ha colaborado en el proyecto, por lo que el papel esteler ante los medios de comunicación que asistieron al acto correspondió al titular de este departamento, Juan José Güemes, a quien acompañaron la autora principal de la obra, Dra. Beatriz Ogando, y los respresentantes del sindicato de Madrid FEMYTS Dres. De la Morena y Carlos Amaya (este último en calidad también de secretario de la Funcación CESM).
AUMENTAN LOS CASOS
Lo primero que ponen de relieve sus autores es que la magnitud del problema no permite obviarlo. De hecho, y aunque una de las deficiencias que se observan hoy al respecto es la casi total ausencia de registros (autonómicos al menos, a falta de uno nacional), los datos parciales que se conocen llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, y además de los reseñados al principio de esta información, extraídos de una encuesta hecha por el sindicato, el servicio jurídico del Colegio de Médicos de Madrid estimaba el pasado mes de junio que cada cuatro días un médico de esta comunidad autónoma denuncia una agresión; y la consejería de Andalucía ha cuantificado que durante el primer semestre de este años se produjeron 271 agresiones, cifra ésta que, por cierto, los sindicatos médicos andaluces consideran que no es ni mucho menos la real.
Por otra parte, se tiene también constancia de que la violencia hacia los facultativos aumenta sustancialmente de año en año, así como que todavía son una minoría los profesionales que dan el paso de denunciar su caso. Los motivos de ello son varios, entre ellos el temor a sufrir represalias por parte de los agresores, la provisionalidad en el puesto de trabajo (que impide al médico sentirse más seguro y derivar eventuales responsabilidades hacia el centro de trabajo) y el escepticismo sobre el alcance de la acción.
AMBITOS MÁS FRECUENTES
Otra de las conclusiones del manual son que el perfil del agresor suele ser el de un varón joven, que los centros de trabajo más expuestos son los de las zonas urbanas marginales, y que los ámbitos asistenciales con mayor riesgo son las urgencias hospitalarias, psiquiatría y atención primaria. En lo que atañe a las urgencias, donde se concentran alrededor del 45% de las agresiones, el detonante es la tensión propia que se respira en estos servicios, donde las actitudes violentas suelen provenir de familiares de pacientes. En cuanto a la atención primaria, tienden a estar relacionadas con discrepancias del paciente sobre la prescripción o por presiones para conseguir bajas laborales no justificadas desde el punto de vista del profesional.
Los autores de la obra recuerdan también que gran parte del trasfondo de esta cuestión tiene que ver con causas ajenas al médico, como son la masificación asistencial (que se traduce en retrasos en la atención y poco tiempo para establecer una mínima relación afable con el paciente) y el nulo esfuerzo que se hace desde la Administración para concienciar al ciudadano de que, en su relación con los profesionales sanitarios, no sólo tiene derechos, sino también deberes.
QUÉ HACER
En la guía que la Fundación CESM ha puesto desde hoy a disposición de los médicos se aconseja el modo de proceder ante las agresiones, y se anima --ofreciendo modelos para ello-- a denunciar todos los casos con el fin de salvaguardar la dignidad del profesional, por un lado, y contribuir a evidenciar la dimensión real problema, por otro. El Observatorio sobre Agresiones a Facultativos, creado por la Fundación CESM antes del verano, va en la línea de este segundo objetivo.
Paralelamente, se proponen varias actuaciones de carácter más general, aunque no por ello menos importantes, como la creación de un registro centralizado o la necesidad de que las agresiones los profesionales sanitarios se tipifiquen judicialmente como delitos y no como faltas, de modo que conlleven desde multas superiores a 600 euros a pena de cárcel. Hay que reconocer que hoy son ya 7 las comunidades autónomas que a lo largo del último año han avanzado en este camino (Andalucía, Cataluña, Asturias, Extremadura, Castilla La-Mancha, Galicia y País Vasco), si bien la efectividad de lo hecho hasta ahora es más bien escasa.
Otra propuesta de los sindicatos médicos consiste en adoptar medidas de seguridad específicas en aquellos centros especialmente problemáticos, como contratar vigilantes de seguridad, colocar cámaras en lugares estratégicos o que haya doble acceso a las consultas.
De la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos http://www.cesm.org/
Para contribuir, en la medida de lo posible, a racionalizar esta cuestión, la Fundación CESM, adscrita a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, mayoritaria en el sector, ha presentado hoy un manual --titulado “Agresiones a facultativos. Guía de prevención y actuación”-- que distribuirá entre sus afiliados y simpatizantes y que persigue un doble objetivo: reflejar el estado de la cuestión (lo que implica hablar de un tema que a menudo se mantiene oculto incluso entre los propios afectados) y servir de guía al médico a la hora de abordar estas situaciones.
La presentación de la obra tuvo lugar hoy en la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, que ha colaborado en el proyecto, por lo que el papel esteler ante los medios de comunicación que asistieron al acto correspondió al titular de este departamento, Juan José Güemes, a quien acompañaron la autora principal de la obra, Dra. Beatriz Ogando, y los respresentantes del sindicato de Madrid FEMYTS Dres. De la Morena y Carlos Amaya (este último en calidad también de secretario de la Funcación CESM).
AUMENTAN LOS CASOS
Lo primero que ponen de relieve sus autores es que la magnitud del problema no permite obviarlo. De hecho, y aunque una de las deficiencias que se observan hoy al respecto es la casi total ausencia de registros (autonómicos al menos, a falta de uno nacional), los datos parciales que se conocen llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, y además de los reseñados al principio de esta información, extraídos de una encuesta hecha por el sindicato, el servicio jurídico del Colegio de Médicos de Madrid estimaba el pasado mes de junio que cada cuatro días un médico de esta comunidad autónoma denuncia una agresión; y la consejería de Andalucía ha cuantificado que durante el primer semestre de este años se produjeron 271 agresiones, cifra ésta que, por cierto, los sindicatos médicos andaluces consideran que no es ni mucho menos la real.
Por otra parte, se tiene también constancia de que la violencia hacia los facultativos aumenta sustancialmente de año en año, así como que todavía son una minoría los profesionales que dan el paso de denunciar su caso. Los motivos de ello son varios, entre ellos el temor a sufrir represalias por parte de los agresores, la provisionalidad en el puesto de trabajo (que impide al médico sentirse más seguro y derivar eventuales responsabilidades hacia el centro de trabajo) y el escepticismo sobre el alcance de la acción.
AMBITOS MÁS FRECUENTES
Otra de las conclusiones del manual son que el perfil del agresor suele ser el de un varón joven, que los centros de trabajo más expuestos son los de las zonas urbanas marginales, y que los ámbitos asistenciales con mayor riesgo son las urgencias hospitalarias, psiquiatría y atención primaria. En lo que atañe a las urgencias, donde se concentran alrededor del 45% de las agresiones, el detonante es la tensión propia que se respira en estos servicios, donde las actitudes violentas suelen provenir de familiares de pacientes. En cuanto a la atención primaria, tienden a estar relacionadas con discrepancias del paciente sobre la prescripción o por presiones para conseguir bajas laborales no justificadas desde el punto de vista del profesional.
Los autores de la obra recuerdan también que gran parte del trasfondo de esta cuestión tiene que ver con causas ajenas al médico, como son la masificación asistencial (que se traduce en retrasos en la atención y poco tiempo para establecer una mínima relación afable con el paciente) y el nulo esfuerzo que se hace desde la Administración para concienciar al ciudadano de que, en su relación con los profesionales sanitarios, no sólo tiene derechos, sino también deberes.
QUÉ HACER
En la guía que la Fundación CESM ha puesto desde hoy a disposición de los médicos se aconseja el modo de proceder ante las agresiones, y se anima --ofreciendo modelos para ello-- a denunciar todos los casos con el fin de salvaguardar la dignidad del profesional, por un lado, y contribuir a evidenciar la dimensión real problema, por otro. El Observatorio sobre Agresiones a Facultativos, creado por la Fundación CESM antes del verano, va en la línea de este segundo objetivo.
Paralelamente, se proponen varias actuaciones de carácter más general, aunque no por ello menos importantes, como la creación de un registro centralizado o la necesidad de que las agresiones los profesionales sanitarios se tipifiquen judicialmente como delitos y no como faltas, de modo que conlleven desde multas superiores a 600 euros a pena de cárcel. Hay que reconocer que hoy son ya 7 las comunidades autónomas que a lo largo del último año han avanzado en este camino (Andalucía, Cataluña, Asturias, Extremadura, Castilla La-Mancha, Galicia y País Vasco), si bien la efectividad de lo hecho hasta ahora es más bien escasa.
Otra propuesta de los sindicatos médicos consiste en adoptar medidas de seguridad específicas en aquellos centros especialmente problemáticos, como contratar vigilantes de seguridad, colocar cámaras en lugares estratégicos o que haya doble acceso a las consultas.
De la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos http://www.cesm.org/
Noticias: Las enfermedades profesionales causan 16.115 muertes al año
Las enfermedades profesionales han desplazado a los accidentes laborales como la cara más siniestra de la salud laboral. Según estimaciones de CCOO, en 2007 se han producido 17 veces más muertes por enfermedades laborales (16.115) que por accidentes (841). Eso sí, las enfermedades laborales se ocultan y no se reconocen, de manera que España, según el Registro oficial de Enfermedades Profesionales, “es el único país en el que nadie muere a consecuencia de una enfermedad de origen laboral”, denuncia el secretario de Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto.
Estimaciones de CCOO cifran el 16.115 los trabajadores fallecidos en 2007 frente a los 15.508 del año anterior a causa de una enfermedad profesional, mayoritariamente por cánceres, de tipo cardiovascular y respiratorias, pero los registros oficiales no recoge ninguna. “¿Quién se puede creer que España sea el único país del mundo en el que no se produzcan ninguna muerte por enfermedad laboral?”, se pregunta el responsable de CCOO.
“El subregistro de enfermedades profesionales -15.843 en 2007 frente a 21.905 en 2006- es un escándalo” del que CCOO responsabiliza a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, que al ocultar la realidad impiden la labor preventiva, además de “endosar” al Sistema Nacional de Salud a los enfermos y el coste económico de la atención. Así, la sanidad pública carga con un coste indebido ya que el 16% de las prestaciones sanitarias lo son de enfermedades de origen laboral que tendrían que asumir las Mutuas. El coste total de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales alcanza los 15 mil millones de euros al año. “Esta actitud irresponsable e inhumana exige la reforma de las Mutuas”, concluye Nieto.
Pero si las enfermedades laborales han aumentado, en el caso de los accidentes se ha producido un descenso que CCOO achaca a la presión sindical y de la Fiscalía. En 2007 los accidentes han ascendido a 918.457, un 0,8% menos que el año anterior, de los que 841, un 11,2 % menos, fueron mortales. A estas cifras hay que sumar 97.381 accidentes en el trayecto o de vuelta al trabajo, un aumento del 6%, de los que 311 fueron mortales, lo que supone un descenso del 12,6% respecto a 2006.
Estas cifras demuestran que es factible reducir el índice de mortalidad en los accidentes de trabajo hasta niveles europeos. Según CCOO, el índice de mortalidad ha venido registrando un descenso continuo desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta situarse en el 5,2% (ascendía a 10,1 en el año 2002).
Estimaciones de CCOO cifran el 16.115 los trabajadores fallecidos en 2007 frente a los 15.508 del año anterior a causa de una enfermedad profesional, mayoritariamente por cánceres, de tipo cardiovascular y respiratorias, pero los registros oficiales no recoge ninguna. “¿Quién se puede creer que España sea el único país del mundo en el que no se produzcan ninguna muerte por enfermedad laboral?”, se pregunta el responsable de CCOO.
“El subregistro de enfermedades profesionales -15.843 en 2007 frente a 21.905 en 2006- es un escándalo” del que CCOO responsabiliza a las Mutuas de Accidentes de Trabajo, que al ocultar la realidad impiden la labor preventiva, además de “endosar” al Sistema Nacional de Salud a los enfermos y el coste económico de la atención. Así, la sanidad pública carga con un coste indebido ya que el 16% de las prestaciones sanitarias lo son de enfermedades de origen laboral que tendrían que asumir las Mutuas. El coste total de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales alcanza los 15 mil millones de euros al año. “Esta actitud irresponsable e inhumana exige la reforma de las Mutuas”, concluye Nieto.
Pero si las enfermedades laborales han aumentado, en el caso de los accidentes se ha producido un descenso que CCOO achaca a la presión sindical y de la Fiscalía. En 2007 los accidentes han ascendido a 918.457, un 0,8% menos que el año anterior, de los que 841, un 11,2 % menos, fueron mortales. A estas cifras hay que sumar 97.381 accidentes en el trayecto o de vuelta al trabajo, un aumento del 6%, de los que 311 fueron mortales, lo que supone un descenso del 12,6% respecto a 2006.
Estas cifras demuestran que es factible reducir el índice de mortalidad en los accidentes de trabajo hasta niveles europeos. Según CCOO, el índice de mortalidad ha venido registrando un descenso continuo desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hasta situarse en el 5,2% (ascendía a 10,1 en el año 2002).
Noticias: CCOO denuncia la “ocultación” en los registros oficiales de las enfermedades profesionales, que causan 16.000 muertes anuales
CCOO y UGT han publicado un Manifiesto en el que se comprometen a seguir trabajando para lograr el descenso de siniestralidad laboral; denunciar la ocultación de las Enfermedades Profesionales, que según estimaciones de CCOO causan 16.000 muertes anuales, y luchar contra las causas que las provocan; reivindicar la urgente necesidad de evaluar y prevenir los riesgos psicosociales y reformar las mutuas para hacerlas más eficaces y sensibles en la atención a la salud y seguridad de los trabajadores.
El coordinador confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Fernando Rodrigo, denuncia que los registros oficiales no recogen las enfermedades profesionales derivadas de la exposición en el trabajo. Pese a que el sindicato considera que son la causa de 16.000 muertes anuales en los registros oficiales de 2007 no se recogió ningún fallecimiento con causa directa en enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
CCOO considera este dato "muy preocupante" por lo que insiste en la necesidad de que se reconozcan, y por ello centrará su "esfuerzo sindical" en la acción sobre las mutuas, por su "protagonismo pleno en la iniciación de la declaración de la enfermedad profesional, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006, que aprobó el nuevo cuadro de enfermedades profesionales". El objetivo de CCOO es desarrollar una estrategia española en seguridad y salud en el trabajo para visitar las cerca de 300.000 empresas denominadas "blancas" y en las que no existen representantes sindicales en materia de prevención.
Según CCOO, del compromiso entre agentes sociales y la Administración para la aplicación de políticas de reducción de accidentes laborales se obtienen resultados y queda demostrado con el descenso a la mitad en los diez años de vigencia de la Ley de prevención.
El coordinador confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Fernando Rodrigo, denuncia que los registros oficiales no recogen las enfermedades profesionales derivadas de la exposición en el trabajo. Pese a que el sindicato considera que son la causa de 16.000 muertes anuales en los registros oficiales de 2007 no se recogió ningún fallecimiento con causa directa en enfermedad profesional o relacionada con el trabajo.
CCOO considera este dato "muy preocupante" por lo que insiste en la necesidad de que se reconozcan, y por ello centrará su "esfuerzo sindical" en la acción sobre las mutuas, por su "protagonismo pleno en la iniciación de la declaración de la enfermedad profesional, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006, que aprobó el nuevo cuadro de enfermedades profesionales". El objetivo de CCOO es desarrollar una estrategia española en seguridad y salud en el trabajo para visitar las cerca de 300.000 empresas denominadas "blancas" y en las que no existen representantes sindicales en materia de prevención.
Según CCOO, del compromiso entre agentes sociales y la Administración para la aplicación de políticas de reducción de accidentes laborales se obtienen resultados y queda demostrado con el descenso a la mitad en los diez años de vigencia de la Ley de prevención.
miércoles, 28 de mayo de 2008
Un accidente de tráfico "in itinere" no es laboral si existe temeridad
MADRID.- La Sala Social del Tribunal Supremoha emitido una sentencia en la que desestima que pueda considerarse como siniestro laboral un accidente de tráfico in itinere, es decir, producidoen el trayecto de casa al trabajo o viceversa, si el conductor comete una imprudencia temeraria.
El fallo del Alto Tribunal, publicado por el portal jurídico datadiar.com y recogido por Europa Press, analiza el conflicto que creó un trabajador que tuvo un accidente de tráfico con su ciclomotor cuando se dirigía a su trabajo desde su domicilio. La víctima del siniestro se dio cuenta de que olvidó una pieza y decidió regresar a buscarla, conduciendo en sentido contrario a la vía. Al llegar a la confluencia con otra calle, colisionó con otro vehículo que salía correctamente de ella, lo que le originó al trabajador varias lesiones.
El Tribunal Supremo entiende que esta conducta es una imprudencia temeraria desde el momento en que el operario asumió riesgos "manifiestos, innecesarios y especialmente graves", consciente de lo que hacía y de los daños que pedía provocarse a él mismo y al resto de los usuarios de la vía.
Las consideraciones del Alto Tribunal tienen como origen un recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto por la abogada de la víctima, contra una sentencia del Tribunal superior de Justicia del País Vasco que rechazaba el origen laboral del siniestro en cuestión.
La empresa para la que trabajaba la víctima emitió un parte de accidente de trabajo, en el que hizo constar que su empleado conducía en dirección contraria. La mutua de accidentes Asepeyo rechazó la atribución del siniestro y de la baja laboral consiguiente a un siniestro laboral, interpretando que había incurrido en imprudencia temeraria.
El operario reclamó a la mutua sin éxito y luego al Instituto nacional de la Seguridad Social, que sí le dio la razón. Asepeyo presentó entonces una demanda ante el Juzgado de lo social número 4 de Bilbao, que estimó sus argumentos y declaró que este suceso no tenía un origen laboral. La víctima recurrión este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que reafirmó la sentencia.
Ante esta decisión, el operario accidentado presentó recurso de casación ante el Tribunal supremo alegando que el Tribunal de justicia del País Vasco había emitido un fallo favorable a los intereses del trabajador en un caso parecido ocurrido unos años atrás.
De El Mundo, Economía 27/05/2008
El fallo del Alto Tribunal, publicado por el portal jurídico datadiar.com y recogido por Europa Press, analiza el conflicto que creó un trabajador que tuvo un accidente de tráfico con su ciclomotor cuando se dirigía a su trabajo desde su domicilio. La víctima del siniestro se dio cuenta de que olvidó una pieza y decidió regresar a buscarla, conduciendo en sentido contrario a la vía. Al llegar a la confluencia con otra calle, colisionó con otro vehículo que salía correctamente de ella, lo que le originó al trabajador varias lesiones.
El Tribunal Supremo entiende que esta conducta es una imprudencia temeraria desde el momento en que el operario asumió riesgos "manifiestos, innecesarios y especialmente graves", consciente de lo que hacía y de los daños que pedía provocarse a él mismo y al resto de los usuarios de la vía.
Las consideraciones del Alto Tribunal tienen como origen un recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto por la abogada de la víctima, contra una sentencia del Tribunal superior de Justicia del País Vasco que rechazaba el origen laboral del siniestro en cuestión.
La empresa para la que trabajaba la víctima emitió un parte de accidente de trabajo, en el que hizo constar que su empleado conducía en dirección contraria. La mutua de accidentes Asepeyo rechazó la atribución del siniestro y de la baja laboral consiguiente a un siniestro laboral, interpretando que había incurrido en imprudencia temeraria.
El operario reclamó a la mutua sin éxito y luego al Instituto nacional de la Seguridad Social, que sí le dio la razón. Asepeyo presentó entonces una demanda ante el Juzgado de lo social número 4 de Bilbao, que estimó sus argumentos y declaró que este suceso no tenía un origen laboral. La víctima recurrión este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que reafirmó la sentencia.
Ante esta decisión, el operario accidentado presentó recurso de casación ante el Tribunal supremo alegando que el Tribunal de justicia del País Vasco había emitido un fallo favorable a los intereses del trabajador en un caso parecido ocurrido unos años atrás.
De El Mundo, Economía 27/05/2008
Noticias: Reconocen como accidente laboral el infarto de una empleada tras discutir con su jefe
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Álava ha reconocido como accidente de trabajo el infarto agudo de miocardio que sufrió una trabajadora de 56 años tras una fuerte discusión con su jefe.
El sindicato CCOO, que presentó la reclamación, ha explicado que esta trabajadora realizaba tareas de la limpieza en una empresa vizcaína del sector de servicios deportivos en la que, "durante años, había soportado un trato insostenible por parte del máximo cargo de la empresa". El pasado mes de enero, debido a una fuerte discusión con esta persona, la trabajadora sufrió en su puesto un cuadro de ansiedad, con desvanecimiento y dificultades respiratorias.
Una unidad móvil medicalizada la trasladó al hospital, mientras que la Ertzaintza tomó declaración del delegado de CCOO, que presenció lo ocurrido, y del responsable de la empresa. Además, el sindicato presentó como prueba documental ante el Instituto de la Seguridad Social de Alava, territorio de residencia de la empleada, el testimonio de compañeros de trabajo.
Tras su hospitalización en Basurto, donde se le diagnosticó un síndrome de remodelación cardíaca (Balloning), la empleada aún permanece de baja con diagnóstico infarto agudo de miocardio, ansiedad y estrés.
Tal y como ha afirmado el sindicato, el INSS "reconoce el derecho a la trabajadora -aunque la empresa se encuentra en proceso de cierre y se lleve a cabo, con el consiguiente despido u extinción del contrato-, de que la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es la responsable de la prestación como contingencia profesional -sin hacer uso del desempleo acumulado- por el tiempo total que esté la trabajadora de baja".
Además, "en caso de que la trabajadora así lo quiera, se podría solicitar un recargo de prestaciones por faltas de medidas de seguridad a cargo de la empresa entre un 30% y un 50% más, con respecto a las prestaciones percibidas", ha declarado.
CCOO destaca el aumento en el número de este tipo de casos, por lo que anima a los trabajadores a "denunciar estos actos, que atacan la dignidad de trabajadores y trabajadoras". "Los riesgos psicosociales y la ausencia de prevención que genera múltiples enfermedades deben ser reconocidas como enfermedades laborales e incluidas como Accidentes de Trabajo, ya que el Real Decreto 1299/2006 sobre las enfermedades profesionales de la Seguridad Social actualmente en vigor, no las incluye como tales", ha insistido.
De El Mundo Economía 13/5/2.008. http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/05/13/economia/1210689832.html
viernes, 23 de mayo de 2008
Noticias: Más de la mitad de las bajas laborales se deben al estrés, según el Observatorio Europeo
>Aseguran que el estrés 'es hoy uno de los problemas más graves' de salud en el trabajo
>En 2005 ya afectaba al 22% de los asalariados de la Unión Europea
>Denuncian que en España 'no ha sido abordado desde el punto de vista preventivo'
El dolor invisible, la alteración física o psíquica provocada por una situación límite. Eso es el estrés, una emergente realidad laboral que ya provoca entre el 50 y el 60% de las jornadas perdidas, según un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA ) presentado por CCOO y UGT.
Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará el 28 de abril, ambos sindicatos presentaron un manifiesto en el que advierten de la magnitud de un trastorno que en 2005 ya afectaba al 22% de los asalariados de la Unión Europea, según el Observatorio Europeo.
Según CCOO y UGT, ningún trabajador ni empresa está a salvo del estrés, una dolencia que en 2005 se convirtió en el segundo problema de salud más común en el trabajo en el conjunto de la UE. "Su gravedad se manifiesta todos los días en forma de sufrimiento, exclusión, enfermedades y muertes", dijeron Dolors Hernández y Fernando Rodrigo, responsables de Salud laboral y Medio Ambiente en UGT y CCOO, respectivamente.
Hernández y Rodríguez denunciaron que, a pesar de la gravedad del problema, aún se hace muy poco en España desde el punto de vista preventivo. "Aunque los riesgos psicosociales constituyen hoy uno de los problemas más importantes, tanto por el número de trabajadores afectados como por la diversidad de sectores y empresas en los que se manifiestan, desde el punto de vista preventivo permanecen invisibles e inabordados", dijeron.
Los dirigentes de CCOO y UGT aseguraron que el estrés es culpable en muchos casos de otros problemas aún más graves como la "violencia y el acoso". "Al no evaluarse ni reconocerse los riesgos psicosociales, no se previenen y la situación se agrava con nuevas realidades laborales en forma de acoso y violencia en el trabajo", explicaron.
Según el Observatorio Europeo de Riesgos, algunos de los factores que producen estrés son el "trabajo temporal, la precariedad en el empleo, la intensificación del ritmo de trabajo, el incremento de la complejidad de tareas, los horarios irregulares y flexibles, la sensación de inseguridad y el envejecimiento de la población activa".
Para reducir los daños derivados del estrés, CCOO y UGT instaron a "empresarios, Admninistraciones públicas, mutuas y servicios de prevención a que aborden esta problemática de manera inmediata y rigurosa". Y exigieron para ello la aplicación de la Estrategia Española de Salud y Seguridad 2007-2012 acordada el año pasado por el Gobierno, las comunidades autónomas y los empresarios y sindicatos.
CCOO y UGT aprovecharon la presentación del Día internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo para recordar que, "debido a una mala praxis de las mutuas, en 2007 se declararon muchas menos enfermedades profesionales que en años anteriores, cuando ya se hablaba de la infra declaración como un grave problema de nuestro sistema". "En 2008 se está invirtiendo esta perversa tendencia, aunque estamos lejos de los objetivos fijados con la aprobación del nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales en 2006", concluyeron.
De El Mundo: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/23/espana/1208941671.html
>En 2005 ya afectaba al 22% de los asalariados de la Unión Europea
>Denuncian que en España 'no ha sido abordado desde el punto de vista preventivo'
El dolor invisible, la alteración física o psíquica provocada por una situación límite. Eso es el estrés, una emergente realidad laboral que ya provoca entre el 50 y el 60% de las jornadas perdidas, según un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA ) presentado por CCOO y UGT.
Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará el 28 de abril, ambos sindicatos presentaron un manifiesto en el que advierten de la magnitud de un trastorno que en 2005 ya afectaba al 22% de los asalariados de la Unión Europea, según el Observatorio Europeo.
Según CCOO y UGT, ningún trabajador ni empresa está a salvo del estrés, una dolencia que en 2005 se convirtió en el segundo problema de salud más común en el trabajo en el conjunto de la UE. "Su gravedad se manifiesta todos los días en forma de sufrimiento, exclusión, enfermedades y muertes", dijeron Dolors Hernández y Fernando Rodrigo, responsables de Salud laboral y Medio Ambiente en UGT y CCOO, respectivamente.
Hernández y Rodríguez denunciaron que, a pesar de la gravedad del problema, aún se hace muy poco en España desde el punto de vista preventivo. "Aunque los riesgos psicosociales constituyen hoy uno de los problemas más importantes, tanto por el número de trabajadores afectados como por la diversidad de sectores y empresas en los que se manifiestan, desde el punto de vista preventivo permanecen invisibles e inabordados", dijeron.
Los dirigentes de CCOO y UGT aseguraron que el estrés es culpable en muchos casos de otros problemas aún más graves como la "violencia y el acoso". "Al no evaluarse ni reconocerse los riesgos psicosociales, no se previenen y la situación se agrava con nuevas realidades laborales en forma de acoso y violencia en el trabajo", explicaron.
Según el Observatorio Europeo de Riesgos, algunos de los factores que producen estrés son el "trabajo temporal, la precariedad en el empleo, la intensificación del ritmo de trabajo, el incremento de la complejidad de tareas, los horarios irregulares y flexibles, la sensación de inseguridad y el envejecimiento de la población activa".
Para reducir los daños derivados del estrés, CCOO y UGT instaron a "empresarios, Admninistraciones públicas, mutuas y servicios de prevención a que aborden esta problemática de manera inmediata y rigurosa". Y exigieron para ello la aplicación de la Estrategia Española de Salud y Seguridad 2007-2012 acordada el año pasado por el Gobierno, las comunidades autónomas y los empresarios y sindicatos.
CCOO y UGT aprovecharon la presentación del Día internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo para recordar que, "debido a una mala praxis de las mutuas, en 2007 se declararon muchas menos enfermedades profesionales que en años anteriores, cuando ya se hablaba de la infra declaración como un grave problema de nuestro sistema". "En 2008 se está invirtiendo esta perversa tendencia, aunque estamos lejos de los objetivos fijados con la aprobación del nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales en 2006", concluyeron.
De El Mundo: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/23/espana/1208941671.html
Noticias: Canarias registró en 2007 hasta 44.461 accidentes con baja laboral, 15 de ellos mortales
El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, Jorge Rodríguez, indicó este lunes que Canarias está en la buena senda en la concienciación sobre la prevención de la siniestralidad laboral, con un descenso “significativo” de la siniestralidad en 2007 con respecto al año anterior.
Rodríguez, que compareció en comisión parlamentaria para informar de la evolución de las cifras de siniestralidad, dijo que la acción coordinada de administraciones, trabajadores y agentes socioeconómicos, ha permitido la reducción de la siniestralidad laboral en el Archipiélago, que contabilizó 15 accidentes mortales en 2007, 19 menos que el año anterior.
Precisó que los datos provisionales revelan que el año pasado se contabilizaron 118 bajas laborales por enfermedades profesionales y 44.461 accidentes con baja laboral, 79 menos que los que se produjeron en 2006. De estos, 44.146 fueron leves, 300 grave y 15 mortales.
Sin embargo, durante el primer trimestre de 2008 ya han fallecido 14 trabajadores en accidente laboral, uno menos que todo el año 2007, según indicó la diputada del PSOE, María Belén Morales. También se refirió al incremento el año pasado de los accidentes de carácter grave durante 2007 en el sector industrial y servicios.
Al respecto, indicó el 60 por ciento de los casos mortales registrados en el primer trimestre se deben a accidentes no traumáticos, es decir, no por caídas o atrapamientos, sino por situaciones como infartos de miocardio o accidentes cardiovasculares.
Además, apuntó que en el primer trimestre de 2008 se han registrado 10.400 accidentes, 400 menos que en el mismo periodo de 2007 y la siniestralidad ha disminuido un 18,66 por ciento.
El consejero afirmó que los datos revelan que se mantiene la tónica a la baja que ha venido registrando la siniestralidad en los últimos años, ya que en 2002 fueron 40 los fallecidos en accidente laboral.
En esta línea, detalló que la incidencia de accidente por cada 100.000 trabajadores se redujo en un 2,82 por ciento con respecto a 2006, mientras que en los mortales este descenso de la incidencia fue de un 54,9 por ciento, lo que sitúa a Canarias con la incidencia más baja de todo el Estado.
El sector servicios es el que registra más accidentes, pero es de la construcción el que contabiliza una mayor incidencia (104 accidentes por cada 100.000 trabajadores), seguido del industrial (77,8), agrario pesquero (39,6) y servicios (36,7). No obstante, en el caso de la construcción, en 2007 registró la mayor reducción de los accidentes (-5,85%), sobre todo en los mortales (-88%).
Rodríguez consideró que en esta acción “no hay lugar para la “autocomplacencia” e insistió en que sólo la colaboración de las entidades públicas y privadas permite obtener resultados positivos.
El consejero anunció que el Gobierno ya se está trabajando en el tercer Plan de Reducción de Riesgos Laborales, ya que el actual concluye este año, y explicó que este nuevo plan tendrá una “concepción mucho más moderna” y se realizará en el marco de negociación de los acuerdos de concertación social con sindicatos y organizaciones empresariales.
También destacó las actividades de prevención desarrolladas por el Ejecutivo durante 2007, en el que más de 23.000 alumnos de Educación Primaria participaron en actividades de formación, se celebraron jornadas específicas e intensificaron las campañas divulgativas en medios.
Rodríguez además resaltó las labores de asesoramiento a empresas y trabajadores y dijo que la colaboración con la Fiscalía y el Instituto de Seguridad Laboral es “francamente productiva” en materia de inspección.
Asimismo, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral se han dado 2,3 millones en subvenciones, tanto para la sustitución de elementos inseguros en la construcción y para mejorar las condiciones generales de trabajo.
La diputada de CC, María del Mar Julios, destacó el descenso de la siniestralidad registrado en ambas provincias y consideró que esta problemática debe ser abordada desde el esfuerzo colectivo y la concertación social. También defendió una mayor acción en materia formativa tanto en empresas como en el ámbito social y educativo.
En esta línea, la diputada del PP, María del Mar Arévalo, planteó fijarse una serie de objetivos “a pie de andamio” en la negociación del futuro Plan, para combatir ese “punto negro” en el sector de la construcción. Arévalo destacó la presencia de la subcontratación en este sector, un modelo que permite que, en muchos casos, se “diluyan” responsabilidades.
La diputada del PSOE, María Belén Morales, pidió una reflexión sobre la eficacia de las líneas de actuación desarrolladas, ya que estimó que las cifras revelan un incumplimiento de los objetivos del Plan de Reducción de la Siniestralidad Laboral de Canarias. Morales insistió en que la mejora de las condiciones de trabajo y el control del cumplimiento de la normativa deben ser una prioridad.
De Diario de Lanzarote: http://www.diariodelanzarote.com/2008/05/13/economia04.htm
Rodríguez, que compareció en comisión parlamentaria para informar de la evolución de las cifras de siniestralidad, dijo que la acción coordinada de administraciones, trabajadores y agentes socioeconómicos, ha permitido la reducción de la siniestralidad laboral en el Archipiélago, que contabilizó 15 accidentes mortales en 2007, 19 menos que el año anterior.
Precisó que los datos provisionales revelan que el año pasado se contabilizaron 118 bajas laborales por enfermedades profesionales y 44.461 accidentes con baja laboral, 79 menos que los que se produjeron en 2006. De estos, 44.146 fueron leves, 300 grave y 15 mortales.
Sin embargo, durante el primer trimestre de 2008 ya han fallecido 14 trabajadores en accidente laboral, uno menos que todo el año 2007, según indicó la diputada del PSOE, María Belén Morales. También se refirió al incremento el año pasado de los accidentes de carácter grave durante 2007 en el sector industrial y servicios.
Al respecto, indicó el 60 por ciento de los casos mortales registrados en el primer trimestre se deben a accidentes no traumáticos, es decir, no por caídas o atrapamientos, sino por situaciones como infartos de miocardio o accidentes cardiovasculares.
Además, apuntó que en el primer trimestre de 2008 se han registrado 10.400 accidentes, 400 menos que en el mismo periodo de 2007 y la siniestralidad ha disminuido un 18,66 por ciento.
El consejero afirmó que los datos revelan que se mantiene la tónica a la baja que ha venido registrando la siniestralidad en los últimos años, ya que en 2002 fueron 40 los fallecidos en accidente laboral.
En esta línea, detalló que la incidencia de accidente por cada 100.000 trabajadores se redujo en un 2,82 por ciento con respecto a 2006, mientras que en los mortales este descenso de la incidencia fue de un 54,9 por ciento, lo que sitúa a Canarias con la incidencia más baja de todo el Estado.
El sector servicios es el que registra más accidentes, pero es de la construcción el que contabiliza una mayor incidencia (104 accidentes por cada 100.000 trabajadores), seguido del industrial (77,8), agrario pesquero (39,6) y servicios (36,7). No obstante, en el caso de la construcción, en 2007 registró la mayor reducción de los accidentes (-5,85%), sobre todo en los mortales (-88%).
Rodríguez consideró que en esta acción “no hay lugar para la “autocomplacencia” e insistió en que sólo la colaboración de las entidades públicas y privadas permite obtener resultados positivos.
El consejero anunció que el Gobierno ya se está trabajando en el tercer Plan de Reducción de Riesgos Laborales, ya que el actual concluye este año, y explicó que este nuevo plan tendrá una “concepción mucho más moderna” y se realizará en el marco de negociación de los acuerdos de concertación social con sindicatos y organizaciones empresariales.
También destacó las actividades de prevención desarrolladas por el Ejecutivo durante 2007, en el que más de 23.000 alumnos de Educación Primaria participaron en actividades de formación, se celebraron jornadas específicas e intensificaron las campañas divulgativas en medios.
Rodríguez además resaltó las labores de asesoramiento a empresas y trabajadores y dijo que la colaboración con la Fiscalía y el Instituto de Seguridad Laboral es “francamente productiva” en materia de inspección.
Asimismo, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral se han dado 2,3 millones en subvenciones, tanto para la sustitución de elementos inseguros en la construcción y para mejorar las condiciones generales de trabajo.
La diputada de CC, María del Mar Julios, destacó el descenso de la siniestralidad registrado en ambas provincias y consideró que esta problemática debe ser abordada desde el esfuerzo colectivo y la concertación social. También defendió una mayor acción en materia formativa tanto en empresas como en el ámbito social y educativo.
En esta línea, la diputada del PP, María del Mar Arévalo, planteó fijarse una serie de objetivos “a pie de andamio” en la negociación del futuro Plan, para combatir ese “punto negro” en el sector de la construcción. Arévalo destacó la presencia de la subcontratación en este sector, un modelo que permite que, en muchos casos, se “diluyan” responsabilidades.
La diputada del PSOE, María Belén Morales, pidió una reflexión sobre la eficacia de las líneas de actuación desarrolladas, ya que estimó que las cifras revelan un incumplimiento de los objetivos del Plan de Reducción de la Siniestralidad Laboral de Canarias. Morales insistió en que la mejora de las condiciones de trabajo y el control del cumplimiento de la normativa deben ser una prioridad.
De Diario de Lanzarote: http://www.diariodelanzarote.com/2008/05/13/economia04.htm
Noticias: No hay que informar del riesgo en un único tratamiento eficaz
El TSJ de Castilla-La Mancha ha absuelto al Sescam tras el óbito de una enferma por el riesgo de un tratamiento. El fallo avala la imparcialidad de los peritos de la entidad y dice que no hay falta de información, ya que la terapia era la única eficaz y la situación era grave.
Uno de los casos en los que la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, exime de la obligación de informar al paciente es la existencia de una riesgo inmediato grave para el enfermo. En el caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el estado de la paciente no sólo era grave, sino que el tratamiento prescrito y que provocó su fallecimiento era el único eficaz para su afección coronaria. Por estas dos razones, los magistrados absuelven al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a Zurich España.
La demanda contra la Administración se asienta en dos argumentos: negligencia médica por no ordenar el ingreso de la enferma cuando fue atendida en su domicilio y una falta de información sobre el tratamiento decidido y sus contraindicaciones cuando acudió al hospital.
El fallo rechaza los razonamientos a partir de los resultados de las pruebas periciales tras avalar la imparcialidad y objetividad de los peritos designados por la Administración. Según los magistrados, no hubo mala praxis en la atención domiciliaria, ya que "la paciente no evidenciaba un cuadro clínico cardiaco y sí de proceso respiratorio gripal".
En cuanto al tratamiento dispensado, consistente en una trombólisis, una vez que la paciente ingresó con una insuficiencia cardiaca de seis horas de evolución, la resolución judicial, que admite las argumentaciones de Federico Montalvo, abogado de Zurich España, y de los servicios jurídicos del Sescam, aclara que se trataba de una terapia "especial, pero que era la correcta y la prevista para la afección coronaria".
Riesgo asumible
Los magistrados sostienen que la familia de la enferma fue informada del diagnóstico, pero no puede admitirse "una ausencia de consentimiento", pues "ante la evidente gravedad de la paciente se impuso la aplicación de un tratamiento con riesgo de contraindicación, pero que era el único con eficacia posible". La asunción de los informes lleva al tribunal a declarar que "no se dan los presupuestos propios para sostener la existencia de responsabilidad alguna de la Administración, ya que la situación de urgencia imponía la aplicación rápida de los tratamientos que puedan salvar a la enferma".
De Diario Médico 23/5/2.008:
Uno de los casos en los que la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, exime de la obligación de informar al paciente es la existencia de una riesgo inmediato grave para el enfermo. En el caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el estado de la paciente no sólo era grave, sino que el tratamiento prescrito y que provocó su fallecimiento era el único eficaz para su afección coronaria. Por estas dos razones, los magistrados absuelven al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a Zurich España.
La demanda contra la Administración se asienta en dos argumentos: negligencia médica por no ordenar el ingreso de la enferma cuando fue atendida en su domicilio y una falta de información sobre el tratamiento decidido y sus contraindicaciones cuando acudió al hospital.
El fallo rechaza los razonamientos a partir de los resultados de las pruebas periciales tras avalar la imparcialidad y objetividad de los peritos designados por la Administración. Según los magistrados, no hubo mala praxis en la atención domiciliaria, ya que "la paciente no evidenciaba un cuadro clínico cardiaco y sí de proceso respiratorio gripal".
En cuanto al tratamiento dispensado, consistente en una trombólisis, una vez que la paciente ingresó con una insuficiencia cardiaca de seis horas de evolución, la resolución judicial, que admite las argumentaciones de Federico Montalvo, abogado de Zurich España, y de los servicios jurídicos del Sescam, aclara que se trataba de una terapia "especial, pero que era la correcta y la prevista para la afección coronaria".
Riesgo asumible
Los magistrados sostienen que la familia de la enferma fue informada del diagnóstico, pero no puede admitirse "una ausencia de consentimiento", pues "ante la evidente gravedad de la paciente se impuso la aplicación de un tratamiento con riesgo de contraindicación, pero que era el único con eficacia posible". La asunción de los informes lleva al tribunal a declarar que "no se dan los presupuestos propios para sostener la existencia de responsabilidad alguna de la Administración, ya que la situación de urgencia imponía la aplicación rápida de los tratamientos que puedan salvar a la enferma".
De Diario Médico 23/5/2.008:
Noticias: "Introducir un elemento de pago para incentivar es un riesgo muy peligroso"
"Introducir un elemento de pago para incentivar es un riesgo muy peligroso"
El gerente ilustró el tema con un ejemplo: el caso de unos padres que llegaban siempre tarde a la guardería a recoger a sus hijos y tenían complejo de culpa. Un día el centro estableció un sistema de pago, de tal forma que si se retrasaban les penalizaban cobrándoles una cantidad de dinero; a partir de ahí, los padres abonaban la cuantía correspondiente y seguían demorándose. El problema es que cuando se quiso volver al sistema original ya no se podía porque todo el mundo llegaba tarde".
Valorar otros incentivos
"El tema de incentivos es muy peligroso desde el punto de vista económico". Hay que hacerlo bien sin olvidar todos los demás incentivos. Uno de ellos son las unidades de gestión clínica que tengan autonomía para que los médicos y las enfermeras se puedan organizar como consideren oportuno. Con esta medida se obtienen resultados buenos y a las personas que accedan voluntariamente a ellas se les puede incentivar después. Otro incentivo es la carrera profesional que puede hacer una persona a través de la evaluación de una agencia externa y que después se le reconocerá económicamente. "Todo lo que es la buena praxis debe ser reconocida y recompensada después".
El esfuerzo hay que reconocerlo y premiarlo. Lo más difícil siempre es individualizar, cómo distribuir el dinero.
Rabadán sostiene que "los incentivos y los objetivos desde el punto de vista económico han venido para quedarse. Eso es algo asumido, también por la bioética. El problema es cuando se utilizan con efectos perversos y atentan contra el paciente o profesional".
De Diario Médico 23/5/2.008:
El gerente ilustró el tema con un ejemplo: el caso de unos padres que llegaban siempre tarde a la guardería a recoger a sus hijos y tenían complejo de culpa. Un día el centro estableció un sistema de pago, de tal forma que si se retrasaban les penalizaban cobrándoles una cantidad de dinero; a partir de ahí, los padres abonaban la cuantía correspondiente y seguían demorándose. El problema es que cuando se quiso volver al sistema original ya no se podía porque todo el mundo llegaba tarde".
Valorar otros incentivos
"El tema de incentivos es muy peligroso desde el punto de vista económico". Hay que hacerlo bien sin olvidar todos los demás incentivos. Uno de ellos son las unidades de gestión clínica que tengan autonomía para que los médicos y las enfermeras se puedan organizar como consideren oportuno. Con esta medida se obtienen resultados buenos y a las personas que accedan voluntariamente a ellas se les puede incentivar después. Otro incentivo es la carrera profesional que puede hacer una persona a través de la evaluación de una agencia externa y que después se le reconocerá económicamente. "Todo lo que es la buena praxis debe ser reconocida y recompensada después".
El esfuerzo hay que reconocerlo y premiarlo. Lo más difícil siempre es individualizar, cómo distribuir el dinero.
Rabadán sostiene que "los incentivos y los objetivos desde el punto de vista económico han venido para quedarse. Eso es algo asumido, también por la bioética. El problema es cuando se utilizan con efectos perversos y atentan contra el paciente o profesional".
De Diario Médico 23/5/2.008:
Noticias: En los incentivos el dinero no debe primar sobre los valores
De Diario Médico 23/5/2.008: http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1126447.html
Los valores intrínsecos como la salud o el bienestar deben primar sobre los instrumentales como el dinero, según Diego Gracia, presidente de la Fundación Ciencias de la Salud. A su juicio, "incentivar al profesional basándose sólo en el ahorro es perverso y puede desmotivarle".
"El profesional sanitario se debe a los valores intrínsecos como la salud o el bienestar" y son estos valores los que deben primar en materia de incentivos sobre los instrumentales como el dinero, según Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud. A su juicio, "no se puede pervertir la función de la medicina, cuyo objetivo directo no es el ánimo de lucro". Así lo ha señalado en la jornada Ética de los incentivos a profesionales sanitarios en el IX Ateneo de Bioética que ha organizado la Fundación de Ciencias de la Salud en Madrid, en la que ha señalado que "incentivar a los profesionales sanitarios basándose sólo en el ahorro de recursos es perverso y puede llegar a desmotivarles".
La compensación económica por objetivos cumplidos es cada vez más frecuente en el ámbito sanitario. Lleva aparejadas ventajas como la reducción de costes de hospitalización, de lista de espera, de farmacia, etc. y una percepción monetaria para los profesionales, pero, ¿qué hay de las deventajas? ¿cómo encaja todo eso desde el punto de vista de la bioética?
En relación con los incentivos se puede adoptar una postura de demonización o de trivialización. Según Diego Gracia, ninguna de ellas es de recibo. "Hay incentivos que son correctos, como el apoyo a labores de formación continuada por parte de la industria farmacéutica, y otros que no lo son. Cuando son perversos, los profesionales no los pueden aceptar". No obstante, considera que "están reaccionando y empiezan ya a criticar a compañeros que se dejan comprar de algún modo por parte de otras instituciones".
La Administración también debe reflexionar en torno a esta cuestión: "no se pueden establecer incentivos directos al ahorro".
Cada una de las partes implicadas tiene que reaccionar y cumplir con su obligación. La industria farmacéutica tiene también su responsabilidad, "aunque ahora las cosas están mejorando un poco porque se están elaborando códigos éticos". No obstante, a pesar de que se están haciendo algunos avances, aún queda camino por recorrer. Según Francesc Borrell, vocal del Consejo Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña y moderador del debate, "los profesionales nos tenemos que implicar más exigiendo un buen diseño de los incentivos. No basta con protestar por lo bajini; hay que decir las cosas si creemos que están mal.
Por su parte, los gerentes tienen que estar dispuestos a escuchar. "No vale decir esto es lo que hay, y si no quieren que no lo hagan".
Los incentivos han entrado en el mundo de la gestión con mucha fuerza porque tienen una gran utilidad, pero el problema es que "se trata de una metodología que se está iniciando, y por lo tanto, tiene un grado de iatrogenia muy alto. Eso es lo que no se percibe desde el ámbito de la gerencia y es lo que los profesionales tenemos que destacarle y a veces no lo hacemos", concluye Borrell.
Los valores intrínsecos como la salud o el bienestar deben primar sobre los instrumentales como el dinero, según Diego Gracia, presidente de la Fundación Ciencias de la Salud. A su juicio, "incentivar al profesional basándose sólo en el ahorro es perverso y puede desmotivarle".
"El profesional sanitario se debe a los valores intrínsecos como la salud o el bienestar" y son estos valores los que deben primar en materia de incentivos sobre los instrumentales como el dinero, según Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud. A su juicio, "no se puede pervertir la función de la medicina, cuyo objetivo directo no es el ánimo de lucro". Así lo ha señalado en la jornada Ética de los incentivos a profesionales sanitarios en el IX Ateneo de Bioética que ha organizado la Fundación de Ciencias de la Salud en Madrid, en la que ha señalado que "incentivar a los profesionales sanitarios basándose sólo en el ahorro de recursos es perverso y puede llegar a desmotivarles".
La compensación económica por objetivos cumplidos es cada vez más frecuente en el ámbito sanitario. Lleva aparejadas ventajas como la reducción de costes de hospitalización, de lista de espera, de farmacia, etc. y una percepción monetaria para los profesionales, pero, ¿qué hay de las deventajas? ¿cómo encaja todo eso desde el punto de vista de la bioética?
En relación con los incentivos se puede adoptar una postura de demonización o de trivialización. Según Diego Gracia, ninguna de ellas es de recibo. "Hay incentivos que son correctos, como el apoyo a labores de formación continuada por parte de la industria farmacéutica, y otros que no lo son. Cuando son perversos, los profesionales no los pueden aceptar". No obstante, considera que "están reaccionando y empiezan ya a criticar a compañeros que se dejan comprar de algún modo por parte de otras instituciones".
La Administración también debe reflexionar en torno a esta cuestión: "no se pueden establecer incentivos directos al ahorro".
Cada una de las partes implicadas tiene que reaccionar y cumplir con su obligación. La industria farmacéutica tiene también su responsabilidad, "aunque ahora las cosas están mejorando un poco porque se están elaborando códigos éticos". No obstante, a pesar de que se están haciendo algunos avances, aún queda camino por recorrer. Según Francesc Borrell, vocal del Consejo Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña y moderador del debate, "los profesionales nos tenemos que implicar más exigiendo un buen diseño de los incentivos. No basta con protestar por lo bajini; hay que decir las cosas si creemos que están mal.
Por su parte, los gerentes tienen que estar dispuestos a escuchar. "No vale decir esto es lo que hay, y si no quieren que no lo hagan".
Los incentivos han entrado en el mundo de la gestión con mucha fuerza porque tienen una gran utilidad, pero el problema es que "se trata de una metodología que se está iniciando, y por lo tanto, tiene un grado de iatrogenia muy alto. Eso es lo que no se percibe desde el ámbito de la gerencia y es lo que los profesionales tenemos que destacarle y a veces no lo hacemos", concluye Borrell.
jueves, 22 de mayo de 2008
Noticias: Los incentivos deben ser propuestos por los directores.
Los incentivos propuestos por gerentes o jefes de servicio tienen mayor impacto sobre el funcionamiento asistencial que los planteados por las administraciones, según expertos
De "El médico interactivo" http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_ext.php?idreg=17788
En una jornada organizada para analizar los incentivos al personal sanitario se ha puesto de manifiesto que cuando los objetivos son puramente economicistas pueden llegar a desmotivar al profesional
Madrid (22-5-08).- Analizar las posibles consecuencias éticas de las políticas de incentivación en el ámbito sanitario ha sido el tema central de un encuentro entre expertos, en el que se ha puesto de manifiesto que aquellas que parten de las gerencias o de los jefes de servicio “tienen mucha más significación” y, por ello, “mayor impacto sobre el funcionamiento diario de los servicios”. Así lo ha explicado uno de los ponentes, el Prof. Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, entidad organizadora del evento.
“Incentivar a los profesionales sanitarios sobre la base del ahorro de recursos es perverso y puede llegar a desmotivarles”, ha apuntado. A este respecto, y en su opinión, “deberían consensuarse unos objetivos claros que no sólo tengan un carácter puramente economicista, sino que pongan en consideración el buen manejo de los pacientes por parte de médicos y enfermeros”.
Gracia ha comentado que los incentivos que parten de los servicios regionales de salud suelen establecer criterios “más genéricos” y, por lo tanto, en ocasiones, “más alejados de la realidad”.
Por su parte, el Prof. Francesc Borrell, vocal del Consejo Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña, ha señalado que “los incentivos no son ni buenos ni malos por sí mismos, sino que todo depende del uso que se les dé”. Se pusieron en marcha para solventar un grave problema de justicia: tratar de manera diferente al profesional que se esfuerza del que no lo hace. “Su impacto en la actualidad es importante; en general, en sentido positivo, pero en ocasiones, también en sentido negativo”.
En este sentido, el experto opina que “los criterios para su distribución deben ser conocidos por la sociedad en su conjunto, en tanto en cuanto la sanidad es uno de los servicios que más directamente incide en la población”. Así, con el objetivo de alcanzar el máximo consenso social, “deberían eliminarse aquellos criterios que la población rechace”.
Según el Prof. Borrell, “estos incentivos, en general, no superan el diez por ciento de los ingresos anuales de un profesional, aunque empiezan a ser significativos cuando representan del dos al tres por ciento”. Estas cifras “eran ridículas hace seis años y ni siquiera estaba asegurado su cobro”, ha afirmado.
De "El médico interactivo" http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_ext.php?idreg=17788
En una jornada organizada para analizar los incentivos al personal sanitario se ha puesto de manifiesto que cuando los objetivos son puramente economicistas pueden llegar a desmotivar al profesional
Madrid (22-5-08).- Analizar las posibles consecuencias éticas de las políticas de incentivación en el ámbito sanitario ha sido el tema central de un encuentro entre expertos, en el que se ha puesto de manifiesto que aquellas que parten de las gerencias o de los jefes de servicio “tienen mucha más significación” y, por ello, “mayor impacto sobre el funcionamiento diario de los servicios”. Así lo ha explicado uno de los ponentes, el Prof. Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, entidad organizadora del evento.
“Incentivar a los profesionales sanitarios sobre la base del ahorro de recursos es perverso y puede llegar a desmotivarles”, ha apuntado. A este respecto, y en su opinión, “deberían consensuarse unos objetivos claros que no sólo tengan un carácter puramente economicista, sino que pongan en consideración el buen manejo de los pacientes por parte de médicos y enfermeros”.
Gracia ha comentado que los incentivos que parten de los servicios regionales de salud suelen establecer criterios “más genéricos” y, por lo tanto, en ocasiones, “más alejados de la realidad”.
Por su parte, el Prof. Francesc Borrell, vocal del Consejo Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña, ha señalado que “los incentivos no son ni buenos ni malos por sí mismos, sino que todo depende del uso que se les dé”. Se pusieron en marcha para solventar un grave problema de justicia: tratar de manera diferente al profesional que se esfuerza del que no lo hace. “Su impacto en la actualidad es importante; en general, en sentido positivo, pero en ocasiones, también en sentido negativo”.
En este sentido, el experto opina que “los criterios para su distribución deben ser conocidos por la sociedad en su conjunto, en tanto en cuanto la sanidad es uno de los servicios que más directamente incide en la población”. Así, con el objetivo de alcanzar el máximo consenso social, “deberían eliminarse aquellos criterios que la población rechace”.
Según el Prof. Borrell, “estos incentivos, en general, no superan el diez por ciento de los ingresos anuales de un profesional, aunque empiezan a ser significativos cuando representan del dos al tres por ciento”. Estas cifras “eran ridículas hace seis años y ni siquiera estaba asegurado su cobro”, ha afirmado.
miércoles, 21 de mayo de 2008
Noticias: UGT denuncia que las mutuas cargan a la sanidad pública con las enfermedades profesionales
27/2/2.008. De http://www.soitu.es/soitu/2008/02/27/info/1204120685_024762.html
Santander.- UGT ha calificado hoy de "insignificante" el número de enfermedades profesionales que se reconoce cada año y ha culpado de ello a las mutuas de accidentes, a las que acusa de calificar ese tipo de dolencias como enfermedades comunes para que sea la sanidad pública la que cargue con ellas.
"De hecho, en septiembre del año pasado el Ministerio de Trabajo decidió revisar los expedientes resueltos por las mutuas como enfermedades comunes y un 40 por ciento de las registradas de enero a agosto fueron recalificadas de inmediato como enfermedades profesionales", asegura el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de UGT en Cantabria, José Luis Hernando, en un comunicado.
Este sindicato denuncia, citando datos del Ministerio de Trabajo, que el año pasado se notificaron en España un 21 por ciento de enfermedades profesionales menos, a pesar de haber entrado en marcha el nuevo sistema de notificación pactado por el Gobierno con los agentes sociales.
Hernando considera que esa disminución resulta "inaceptable desde todos los puntos de vista y, más aún, cuando se ha puesto en marcha un nuevo cuadro más actualizado y completo de enfermedades profesionales con un procedimiento de reconocimiento que se suponía más eficaz, al depender de las mutuas y no de los empresarios".
Este portavoz de UGT califica de "inadmisible" que se reconozca un número de enfermedades profesionales "tan escaso" porque "las mutuas anteponen su propio negocio a la salud de los trabajadores".
Y "mucho menos admisible" resulta, añade, que "lo hagan con el dinero de todos los ciudadanos".
UGT insta a todos los gobiernos autonómicos a "velar" por que se cumpla la ley y a "combatir la mala praxis de las mutuas, porque están desviando a la sanidad pública los costes que deberían asumir por las enfermedades profesionales que se niegan a reconocer".
Santander.- UGT ha calificado hoy de "insignificante" el número de enfermedades profesionales que se reconoce cada año y ha culpado de ello a las mutuas de accidentes, a las que acusa de calificar ese tipo de dolencias como enfermedades comunes para que sea la sanidad pública la que cargue con ellas.
"De hecho, en septiembre del año pasado el Ministerio de Trabajo decidió revisar los expedientes resueltos por las mutuas como enfermedades comunes y un 40 por ciento de las registradas de enero a agosto fueron recalificadas de inmediato como enfermedades profesionales", asegura el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de UGT en Cantabria, José Luis Hernando, en un comunicado.
Este sindicato denuncia, citando datos del Ministerio de Trabajo, que el año pasado se notificaron en España un 21 por ciento de enfermedades profesionales menos, a pesar de haber entrado en marcha el nuevo sistema de notificación pactado por el Gobierno con los agentes sociales.
Hernando considera que esa disminución resulta "inaceptable desde todos los puntos de vista y, más aún, cuando se ha puesto en marcha un nuevo cuadro más actualizado y completo de enfermedades profesionales con un procedimiento de reconocimiento que se suponía más eficaz, al depender de las mutuas y no de los empresarios".
Este portavoz de UGT califica de "inadmisible" que se reconozca un número de enfermedades profesionales "tan escaso" porque "las mutuas anteponen su propio negocio a la salud de los trabajadores".
Y "mucho menos admisible" resulta, añade, que "lo hagan con el dinero de todos los ciudadanos".
UGT insta a todos los gobiernos autonómicos a "velar" por que se cumpla la ley y a "combatir la mala praxis de las mutuas, porque están desviando a la sanidad pública los costes que deberían asumir por las enfermedades profesionales que se niegan a reconocer".
Noticias: Trabajo creará un programa para detectar el abuso de bajas laborales
SERVIMEDIA - Madrid - 14/05/2008
http://www.elpais.com/articulo/economia/Trabajo/creara/programa/detectar/abuso/bajas/laborales/elpepueco/20080514elpepueco_11/Tes
El Ministerio de Trabajo e Inmigración está trabajando en un programa informático que permita a los médicos conocer el historial de bajas laborales de los pacientes, con el objetivo de luchar contra el abuso en el encadenamiento de este tipo de permisos.
Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, el Ministerio sólo tiene datos de aquellas bajas que duran más de 15 días, ya que, hasta entonces y desde el cuarto día, es la empresa la que se hace cargo del pago de las prestaciones. Además, los servicios de salud de cada autonomía son los únicos que conocen en profundidad los motivos y causas del permiso.
Por esta razón, el aumento del control que ha llevado la Seguridad Social sobre las bajas de larga duración, ha hecho que las personas que, de forma fraudulenta faltan al trabajo, en vez de dilatar durante meses su baja, soliciten muchos permisos consecutivos pero de corta duración.
Ahora el Ministerio quiere atajar este absentismo injustificado con el desarrollo de un programa que se implantará a lo largo de esta legislatura en colaboración con las empresas, mutuas y comunidades que permita a los médicos comprobar si esa misma baja se le ha concedido de forma encadenada a ese trabajador.
http://www.elpais.com/articulo/economia/Trabajo/creara/programa/detectar/abuso/bajas/laborales/elpepueco/20080514elpepueco_11/Tes
El Ministerio de Trabajo e Inmigración está trabajando en un programa informático que permita a los médicos conocer el historial de bajas laborales de los pacientes, con el objetivo de luchar contra el abuso en el encadenamiento de este tipo de permisos.
Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, el Ministerio sólo tiene datos de aquellas bajas que duran más de 15 días, ya que, hasta entonces y desde el cuarto día, es la empresa la que se hace cargo del pago de las prestaciones. Además, los servicios de salud de cada autonomía son los únicos que conocen en profundidad los motivos y causas del permiso.
Por esta razón, el aumento del control que ha llevado la Seguridad Social sobre las bajas de larga duración, ha hecho que las personas que, de forma fraudulenta faltan al trabajo, en vez de dilatar durante meses su baja, soliciten muchos permisos consecutivos pero de corta duración.
Ahora el Ministerio quiere atajar este absentismo injustificado con el desarrollo de un programa que se implantará a lo largo de esta legislatura en colaboración con las empresas, mutuas y comunidades que permita a los médicos comprobar si esa misma baja se le ha concedido de forma encadenada a ese trabajador.
Noticias:La Seguridad Social baja el sueldo a gerentes de las mutuas laborales
De El Periódico de Cataluña. 17/2/2.008
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=483764&idseccio_PK=1009
FRANCISCO J. DE PALACIO MADRID
La Seguridad Social ha puesto freno a algunos salarios exorbitantes de los gerentes y altos cargos de las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales que perciben de las cuotas de los trabajadores. Los más afectados por el recorte son los directivos de Mutua Universal, Asepeyo, Fraternidad-Muprespa y Umivale, cuyos máximos ejecutivos dejarán de ingresar en sus nóminas este año decenas de miles de euros.La medida impulsada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha causado profundo malestar entre los altos cargos. El secretario de Estado, Octavio Granado, fue quien recomendó al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que pusiera tope a los salarios de los gerentes y directivos de estas entidades. De esta manera, la disposición adicional séptima de los presupuestos de este año limita los sueldos a cantidades altas aunque más ajustadas.Las investigaciones de Trabajo apuntan que, en el caso de Joan Aicart, gerente de Mutua Universal, sus retribuciones podían superar los 600.000 euros al año pese a que en la liquidación presupuestaria del 2006 asegurase que cobraba solo 203.743,79 euros. En el ministerio explican que Aicart recibía hasta 3.000 euros por cada reunión de la junta directiva o del consejo a las que asistía además de otro tipo de dietas, en algún caso a cargo del patrimonio histórico de la entidad, pese a que por ley no puede usarse más que para fines autorizados.
MENOS QUE EL ANTECESOR El nuevo gerente de Mutua Universal, Eduard Garriga, no podrá percibir este año más de 201.000 euros anuales, la tercera parte que su antecesor. Y, además, según la nueva disposición adicional, no podrá incrementar estos ingresos mediante modificaciones presupuestarias a mitad de ejercicio como se hacía hasta ahora.Jorge Serra, gerente de Asepeyo, deberá conformarse en el 2008 con 245.000 euros. Según la liquidación de los presupuestos del 2006 --la del 2007 aún no está hecha--, Serra percibió 267.999,84 euros, y falta por conocer cuánto cobró el año pasado. Por su parte, Fernando Eguidazu, gerente de Fraternidad-Muprespa, percibirá 240.000 euros, lejos de los 323.554 euros de salario del 2006.Trabajo explica que, en muchos casos, las cantidades reflejadas en la liquidación de los presupuestos son inferiores a las retribuciones reales de los gerentes ya que obtienen "otros ingresos extrapresupuestarios" y cargan gastos como hoteles, colegios o automóviles. Precisamente, la Seguridad Social ha enviado una circular a las mutuas para que limiten la compra de vehículos de alto standing por leasing, otra vuelta más de tuerca en lo que se refiere al control del gasto por parte del Seguro.
INFLACIÓN DE DIRECTIVOS Además de los gerentes, hay mutuas que tienen toda una pléyade de directivos que en algunos casos, como Midat-Cyclops, casi llega a la treintena. Sus sueldos corren a cargo del Seguro. Universal llegó a pagar 191.142 euros a cada uno de los siete directivos que tenía en el 2006 y Umivale retribuyó a sus dos ejecutivos con 251.192 euros por cabeza de promedio. Sueldos de altos cargos que sobrepasan los 150.000 euros son habituales en Fraternidad-Muprespa, Asepeyo o Balear y de más de 100.000 en Ibermutuamur, Fremap o Intercomarcal.
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=483764&idseccio_PK=1009
FRANCISCO J. DE PALACIO MADRID
La Seguridad Social ha puesto freno a algunos salarios exorbitantes de los gerentes y altos cargos de las mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales que perciben de las cuotas de los trabajadores. Los más afectados por el recorte son los directivos de Mutua Universal, Asepeyo, Fraternidad-Muprespa y Umivale, cuyos máximos ejecutivos dejarán de ingresar en sus nóminas este año decenas de miles de euros.La medida impulsada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha causado profundo malestar entre los altos cargos. El secretario de Estado, Octavio Granado, fue quien recomendó al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que pusiera tope a los salarios de los gerentes y directivos de estas entidades. De esta manera, la disposición adicional séptima de los presupuestos de este año limita los sueldos a cantidades altas aunque más ajustadas.Las investigaciones de Trabajo apuntan que, en el caso de Joan Aicart, gerente de Mutua Universal, sus retribuciones podían superar los 600.000 euros al año pese a que en la liquidación presupuestaria del 2006 asegurase que cobraba solo 203.743,79 euros. En el ministerio explican que Aicart recibía hasta 3.000 euros por cada reunión de la junta directiva o del consejo a las que asistía además de otro tipo de dietas, en algún caso a cargo del patrimonio histórico de la entidad, pese a que por ley no puede usarse más que para fines autorizados.
MENOS QUE EL ANTECESOR El nuevo gerente de Mutua Universal, Eduard Garriga, no podrá percibir este año más de 201.000 euros anuales, la tercera parte que su antecesor. Y, además, según la nueva disposición adicional, no podrá incrementar estos ingresos mediante modificaciones presupuestarias a mitad de ejercicio como se hacía hasta ahora.Jorge Serra, gerente de Asepeyo, deberá conformarse en el 2008 con 245.000 euros. Según la liquidación de los presupuestos del 2006 --la del 2007 aún no está hecha--, Serra percibió 267.999,84 euros, y falta por conocer cuánto cobró el año pasado. Por su parte, Fernando Eguidazu, gerente de Fraternidad-Muprespa, percibirá 240.000 euros, lejos de los 323.554 euros de salario del 2006.Trabajo explica que, en muchos casos, las cantidades reflejadas en la liquidación de los presupuestos son inferiores a las retribuciones reales de los gerentes ya que obtienen "otros ingresos extrapresupuestarios" y cargan gastos como hoteles, colegios o automóviles. Precisamente, la Seguridad Social ha enviado una circular a las mutuas para que limiten la compra de vehículos de alto standing por leasing, otra vuelta más de tuerca en lo que se refiere al control del gasto por parte del Seguro.
INFLACIÓN DE DIRECTIVOS Además de los gerentes, hay mutuas que tienen toda una pléyade de directivos que en algunos casos, como Midat-Cyclops, casi llega a la treintena. Sus sueldos corren a cargo del Seguro. Universal llegó a pagar 191.142 euros a cada uno de los siete directivos que tenía en el 2006 y Umivale retribuyó a sus dos ejecutivos con 251.192 euros por cabeza de promedio. Sueldos de altos cargos que sobrepasan los 150.000 euros son habituales en Fraternidad-Muprespa, Asepeyo o Balear y de más de 100.000 en Ibermutuamur, Fremap o Intercomarcal.
Noticias: Competencias de las mutuas para extinguir prestaciones sociales
De: Expansión y empleo: http://www.expansionyempleo.com/edicion/expansionyempleo/desarrollo_profesional/asesor_laboral/sentencia/es/desarrollo/1117995.html
Se estudia la capacidad que tienen las mutuas de accidentes de trabajo para anular una prestación económica de la Seguridad Social, cuando se descubre la comisión de un fraude por la persona que la disfruta y por tanto se la sanciona con su pérdida.
El caso se refiere a una trabajadora autónoma a la que se anula y extingue el derecho a la prestación por incapacidad temporal por parte de la mutua, dado que mientras se encontraba de baja, permanecía, dirigía y estaba al frente del negocio que regentaba. Ante esta decisión, la profesional reclamó en los tribunales el pago de la prestación, recibiendo pronunciamientos dispares. En un primer momento se rechazó su pretensión, pero posteriormente se le dio la razón, al entender que no es lo mismo gestionar que sancionar, acción esta última que no compete a la mutua. Ésta acudió al Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, con el argumento de que estas entidades sólo tienen la capacidad de gestionar las prestaciones, pero no de anularlas o suspenderlas.La capacidad de gestión de las mutuas alcanza, en primer lugar, a todos los supuestos que corresponden a la dinámica ordinaria de las prestaciones, que es la determinada por hechos jurídicos objetivos, como el transcurso del tiempo o el fallecimiento, y por actos jurídicos lícitos del beneficiario, como el acceso a la pensión de jubilación; supuestos a los que hay que añadir la incomparecencia injustificada a un reconocimiento médico, que legalmente se configura como causa automática de extinción de la prestación.De esta forma, carece la mutua de toda posibilidad de extinguir o suspender esta prestación, en el concreto supuesto de actividad laboral por cuenta propia o ajena realizada por el beneficiario. Tampoco se extiende la competencia de la mutua a decidir la causa de extinción cuando comporta valorar clínicamente la situación (alta médica), que en la actualidad está atribuida a los facultativos del Servicio Público de Salud, al no haber tenido desarrollo reglamentario la previsión de atribuírselo también a las mutuas.No obstante, el Tribunal Supremo señaló que él mismo es consciente de la disfunción que implica una gestión limitada por parte de quien tiene atribuido su pago y control, en términos que incluso perjudican su éxito, pues con la vigente regulación incluso se ha sostenido que la mutua bien pudiera considerarse una simple gestora formal de la contingencia. Y que, igualmente, la ampliación de facultades atribuidas a las mutuas es consecuencia de la lucha contra el fraude.
Se estudia la capacidad que tienen las mutuas de accidentes de trabajo para anular una prestación económica de la Seguridad Social, cuando se descubre la comisión de un fraude por la persona que la disfruta y por tanto se la sanciona con su pérdida.
El caso se refiere a una trabajadora autónoma a la que se anula y extingue el derecho a la prestación por incapacidad temporal por parte de la mutua, dado que mientras se encontraba de baja, permanecía, dirigía y estaba al frente del negocio que regentaba. Ante esta decisión, la profesional reclamó en los tribunales el pago de la prestación, recibiendo pronunciamientos dispares. En un primer momento se rechazó su pretensión, pero posteriormente se le dio la razón, al entender que no es lo mismo gestionar que sancionar, acción esta última que no compete a la mutua. Ésta acudió al Tribunal Supremo, que ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, con el argumento de que estas entidades sólo tienen la capacidad de gestionar las prestaciones, pero no de anularlas o suspenderlas.La capacidad de gestión de las mutuas alcanza, en primer lugar, a todos los supuestos que corresponden a la dinámica ordinaria de las prestaciones, que es la determinada por hechos jurídicos objetivos, como el transcurso del tiempo o el fallecimiento, y por actos jurídicos lícitos del beneficiario, como el acceso a la pensión de jubilación; supuestos a los que hay que añadir la incomparecencia injustificada a un reconocimiento médico, que legalmente se configura como causa automática de extinción de la prestación.De esta forma, carece la mutua de toda posibilidad de extinguir o suspender esta prestación, en el concreto supuesto de actividad laboral por cuenta propia o ajena realizada por el beneficiario. Tampoco se extiende la competencia de la mutua a decidir la causa de extinción cuando comporta valorar clínicamente la situación (alta médica), que en la actualidad está atribuida a los facultativos del Servicio Público de Salud, al no haber tenido desarrollo reglamentario la previsión de atribuírselo también a las mutuas.No obstante, el Tribunal Supremo señaló que él mismo es consciente de la disfunción que implica una gestión limitada por parte de quien tiene atribuido su pago y control, en términos que incluso perjudican su éxito, pues con la vigente regulación incluso se ha sostenido que la mutua bien pudiera considerarse una simple gestora formal de la contingencia. Y que, igualmente, la ampliación de facultades atribuidas a las mutuas es consecuencia de la lucha contra el fraude.
Noticias: Trabajo pretende que las mutuas participen más en la sanidad pública
De Cinco Días (MADRID (15-05-2008). www.cincodias.com
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social se marca como uno de los objetivos para la presente legislatura una mayor coordinación de las mutuas de trabajo con los servicios sanitarios de las comunidades, incluso en la cogestión de hospitales. Una mayor integración y fusión de estas entidades facilitaría un mejor funcionamiento.
Si un trabajador sufre una enfermedad, tal vez sea tratado en un pequeño despacho médico si su mutua no tiene una gran implantación en su ciudad de residencia. El Ministerio de Trabajo e Inmigración quiere acabar con esta situación, para ganar calidad en el servicio, promoviendo una mejor coordinación entre estas entidades y una mayor integración con los servicios sanitarios de las comunidades autónomas.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señaló, ayer en un encuentro con la prensa, que incluso se podría llegar a la cogestión de hospitales públicos, en aquellas provincias donde sea aconsejable una integración de los servicios.
Es ya el caso de cinco centros sanitarios comarcales de Zaragoza, donde las mutuas participan en la gestión, 'con un ahorro notable de recursos', según Granado. 'Nos gusta este modelo', insistió. Pero también la situación contraria: las clínicas mutuales captarían afectados desde la sanidad pública para nuevos servicios como traumatología, quirófano y rehabilitación.
'Nos gustaría que el servicio sanitario nos ayudara', reconoció el secretario de Estado, reafirmado en su cargo en esta legislatura. Granado se marca como objetivo estratégico de esta legislatura mejorar, con este tipo de iniciativas, la calidad del servicio a los trabajadores afiliados.
Otra de las decisiones para el periodo 2008-2012 será seguir aumentando el control en la gestión de estas asociaciones de protección social. Medidas en el sentido de las aprobadas en 2007, como la incorporación de las mutuas al sistema contable de la Seguridad Social o la integración informática.
La equiparación entre el gasto en prestaciones de las mutuas y de la Seguridad Social es otra de las metas de Trabajo para que todos los trabajadores tengan 'la misma protección', aseguró Granado, como los subsidios aprobados por embarazo y lactancia aprobadas el año pasado y que ya suponen 39 millones de euros.
El Ministerio también se propone seguir reduciendo las tarifas de cotización a un ritmo cercano al 4%, como en 2006 y 2007, pero previamente pactado en diálogo social. Este descenso no ha influido en los ingresos del sistema. El fondo de prevención en 2007 ha crecido un 50%, gracias al aumento de cotizantes (entre dos y tres puntos superior a la afiliación a la Seguridad Social) a una media entre el 6% y el 7%, sobre todo de profesionales autónomos.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señaló, ayer en un encuentro con la prensa, que incluso se podría llegar a la cogestión de hospitales públicos, en aquellas provincias donde sea aconsejable una integración de los servicios.
Es ya el caso de cinco centros sanitarios comarcales de Zaragoza, donde las mutuas participan en la gestión, 'con un ahorro notable de recursos', según Granado. 'Nos gusta este modelo', insistió. Pero también la situación contraria: las clínicas mutuales captarían afectados desde la sanidad pública para nuevos servicios como traumatología, quirófano y rehabilitación.
'Nos gustaría que el servicio sanitario nos ayudara', reconoció el secretario de Estado, reafirmado en su cargo en esta legislatura. Granado se marca como objetivo estratégico de esta legislatura mejorar, con este tipo de iniciativas, la calidad del servicio a los trabajadores afiliados.
Otra de las decisiones para el periodo 2008-2012 será seguir aumentando el control en la gestión de estas asociaciones de protección social. Medidas en el sentido de las aprobadas en 2007, como la incorporación de las mutuas al sistema contable de la Seguridad Social o la integración informática.
La equiparación entre el gasto en prestaciones de las mutuas y de la Seguridad Social es otra de las metas de Trabajo para que todos los trabajadores tengan 'la misma protección', aseguró Granado, como los subsidios aprobados por embarazo y lactancia aprobadas el año pasado y que ya suponen 39 millones de euros.
El Ministerio también se propone seguir reduciendo las tarifas de cotización a un ritmo cercano al 4%, como en 2006 y 2007, pero previamente pactado en diálogo social. Este descenso no ha influido en los ingresos del sistema. El fondo de prevención en 2007 ha crecido un 50%, gracias al aumento de cotizantes (entre dos y tres puntos superior a la afiliación a la Seguridad Social) a una media entre el 6% y el 7%, sobre todo de profesionales autónomos.
El Gobierno alienta más fusiones
No habrá una mutua única en España, pero el Ministerio de Trabajo e Inmigración desea que se acerque lo más posible a esa situación. 'Vamos a alentar el proceso de fusión', aseguró ayer Octavio Granado. El secretario de Estado cree que es 'exagerado el número' de estas entidades y opina que el sistema 'funcionaría mejor con menos o estando agrupadas'. En la actualidad existen 20 sociedades, que atienden al 95% de los trabajadores por cuenta ajena en accidentes laborales y a un 55% en enfermedades comunes.
El secretario de Estado desea continuar la tendencia que empezó el año pasado con la concentración de varias de ellas. En diciembre de 2007 nació la Corporación de Mutua que agrupa a Cesma, Ibermutuamur, MAC, MC Mutual, Mutualia y Solimat, bajo un modelo de coordinación y puesta en común en medios, recursos y centros asistenciales. Esta entidad da cobertura a tres millones de trabajadores y cuenta con 360.000 empresas. Hace mes y medio se presentó el segundo gran grupo, Suma Intermutual, constituido por Mutua Montañesa, MAZ, Umivale y Mutua Navarra para millón y medio de beneficiarios y una red asistencial de 340 centros.
¿Y cómo van a conseguir la agrupación de las entidades? 'Hemos intentado que sean los empresarios quienes protagonicen los procesos de fusión', explica Granado. Es decir, que la iniciativa la lleven, en vez de los gestores, los mismos dueños de las asociaciones, más propicios a reducir gastos y concentrar esfuerzos. Esa ha sido la estrategia que la Secretaría siguió en 2007.
martes, 20 de mayo de 2008
Noticias: El tratamiento de los problemas de espalda, una batalla perdida
El Mundo Salud. 16/2/2.008. http://www.elmundo.es/suplementos/salud/2008/745/1203116406.html
Ningun otro área de la salud resulta tan caro como el de los problemas de la espalda. Un estudio acaba de cerrar el círculo vicioso de la patología de la columna, al demostrar que aunque el gasto sanitario que genera ha crecido un 65% en la última década en EEUU, la salud de los afectados no ha mejorado: las molestias, la discapacidad y la limitación laboral siguen siendo equiparables a las de hace 10 años, cuando los recursos y la inversión eran menores. "Otros trabajos ya habían demostrado que el coste de tratar la espalda estaba creciendo a expensas de terapias y técnicas sobre las que no existía evidencia científica. Tanto dinero extra no ha servido para ayudar a los pacientes", señala Francisco Kovacs, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de Espalda (REIDE).
Dónde se gasta
El trabajo, publicado esta semana en The Journal of the American Medical Association, calculó el gasto médico asociado a esta patología en la población estadounidense entre 1997 y 2005. El desembolso para tratar los problemas lumbares y cervicales en el último año fue de 86.000 millones de dólares. Aún así, la cifra de afectados no se contuvo: creció de un 12% en 2000 a un 15% en 2005.
El análisis certificó que el coste sanitario por este concepto no sólo crece cada año sino que representa un esfuerzo económico superior al que generan otras dolencias. Así, se comprobó que, en 2005, una persona con problemas de columna invirtió en asistencia médica una media de 6.000 dólares (4.000 euros) mientras que el gasto medio en consultas de otro individuo sin esta complicación fue de unos 3.500 dólares (2.400 euros).
El estudio desgrana qué partidas han engrosado la factura. Ésta se disparó a costa de terapias ambulatorias, como visitas a quiroprácticos y fisioterapeutas (que representaron el 36% del aumento) y, en especial, a expensas del consumo de medicamentos. A la farmacia se les atribuye el 23% del incremento, pero la subida económica en este capítulo respecto a 1997 fue de un 171%. El trabajo destaca, por ejemplo, el alza en el consumo de opiáceos a partir de 2003, cuando los modernos antiinflamatorios perdieron popularidad. A las visitas al hospital (incluida la cirugía) se le atribuyen el 23% de la cuenta, a las urgencias, el 3%, y un 10% se debió a otras ayudas. La decepción llegó al comprobarse que todo este empeño terapéutico no sólo no se tradujo en mejoras, sino que la proporción de personas con limitaciones físicas a causa de este problema ha crecido del 21% registrado en 1997 al 25% en 2005. Las terapias modernas y más caras parecen haber perdido la batalla lumbar.
El 80% de la población sufrirá en algún momento de su vida un dolor de espalda. Aunque no existen datos sobre la incidencia real de esta patología en España, se sabe que constituye el primer motivo de consulta médica tras las infecciones respiratorias, es la primera causa de baja laboral, y que el coste de su tratamiento representa cerca del 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta elevada frecuencia de casos favorece que la patología de la espalda sea un mercado atractivo en el que no todas las ofertas gozan de la misma evidencia científica. Para Francisco Kovacs, los datos del nuevo estudio "no son directamente trasladables a España, pero la tendencia se puede reproducir". Los motivos son la variabilidad de las terapias que se aplican y el creciente uso de fármacos y técnicas "sin una evaluación previa adecuada".
Ningun otro área de la salud resulta tan caro como el de los problemas de la espalda. Un estudio acaba de cerrar el círculo vicioso de la patología de la columna, al demostrar que aunque el gasto sanitario que genera ha crecido un 65% en la última década en EEUU, la salud de los afectados no ha mejorado: las molestias, la discapacidad y la limitación laboral siguen siendo equiparables a las de hace 10 años, cuando los recursos y la inversión eran menores. "Otros trabajos ya habían demostrado que el coste de tratar la espalda estaba creciendo a expensas de terapias y técnicas sobre las que no existía evidencia científica. Tanto dinero extra no ha servido para ayudar a los pacientes", señala Francisco Kovacs, director de la Red Española de Investigadores en Dolencias de Espalda (REIDE).
Dónde se gasta
El trabajo, publicado esta semana en The Journal of the American Medical Association, calculó el gasto médico asociado a esta patología en la población estadounidense entre 1997 y 2005. El desembolso para tratar los problemas lumbares y cervicales en el último año fue de 86.000 millones de dólares. Aún así, la cifra de afectados no se contuvo: creció de un 12% en 2000 a un 15% en 2005.
El análisis certificó que el coste sanitario por este concepto no sólo crece cada año sino que representa un esfuerzo económico superior al que generan otras dolencias. Así, se comprobó que, en 2005, una persona con problemas de columna invirtió en asistencia médica una media de 6.000 dólares (4.000 euros) mientras que el gasto medio en consultas de otro individuo sin esta complicación fue de unos 3.500 dólares (2.400 euros).
El estudio desgrana qué partidas han engrosado la factura. Ésta se disparó a costa de terapias ambulatorias, como visitas a quiroprácticos y fisioterapeutas (que representaron el 36% del aumento) y, en especial, a expensas del consumo de medicamentos. A la farmacia se les atribuye el 23% del incremento, pero la subida económica en este capítulo respecto a 1997 fue de un 171%. El trabajo destaca, por ejemplo, el alza en el consumo de opiáceos a partir de 2003, cuando los modernos antiinflamatorios perdieron popularidad. A las visitas al hospital (incluida la cirugía) se le atribuyen el 23% de la cuenta, a las urgencias, el 3%, y un 10% se debió a otras ayudas. La decepción llegó al comprobarse que todo este empeño terapéutico no sólo no se tradujo en mejoras, sino que la proporción de personas con limitaciones físicas a causa de este problema ha crecido del 21% registrado en 1997 al 25% en 2005. Las terapias modernas y más caras parecen haber perdido la batalla lumbar.
El 80% de la población sufrirá en algún momento de su vida un dolor de espalda. Aunque no existen datos sobre la incidencia real de esta patología en España, se sabe que constituye el primer motivo de consulta médica tras las infecciones respiratorias, es la primera causa de baja laboral, y que el coste de su tratamiento representa cerca del 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta elevada frecuencia de casos favorece que la patología de la espalda sea un mercado atractivo en el que no todas las ofertas gozan de la misma evidencia científica. Para Francisco Kovacs, los datos del nuevo estudio "no son directamente trasladables a España, pero la tendencia se puede reproducir". Los motivos son la variabilidad de las terapias que se aplican y el creciente uso de fármacos y técnicas "sin una evaluación previa adecuada".
Guía ansiedad y depresión
La OMC tiene una guía de Buena Práctica Clínica para depresión y ansiedad, procesos muy frecuentes en medicina asistencial laboral. La podeis descargar en el siguiente link: http://www.cgcom.org/sites/default/files/guia_depresion.pdf
Noticias. Incapacidad permanente absoluta por moobing
De http://www.comfia.net/html/5836.html
Cantabria: El TSJC confirma la incapacidad permanente absoluta a una mujer por acoso laboral
El sindicato destaca que el Tribunal ha tenido en cuenta en su sentencia el informe técnico emitido por la Secretaría de la Mujer de CC OO
20-03-2007
CC OO de Cantabria expresó hoy su satisfacción por la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en la que confirma “en todos sus pronunciamientos” la incapacidad permanente absoluta a una mujer de 29 años que padece trastorno depresivo como consecuencia del acoso laboral que sufrió por parte de su jefe.
La secretaria de la Mujer de CC OO, Yolanda Castillo, aseguró que esta sentencia, la “primera” de este tipo en España que reconoce la incapacidad absoluta por acoso laboral, “abre una puerta a la esperanza” para el 15% de mujeres trabajadoras españolas -1,3 millones- que, según un estudio del Instituto de la Mujer, sufren acoso laboral en su trabajo.
Tras conocer esta sentencia, que ya es firme, Castillo animó a las mujeres trabajadoras afectadas a “que no permanezcan por más tiempo calladas y denuncien a sus acosadores” ya que, según recalcó, “actualmente sólo un 25% de ellas reconocen haber comentado con alguien estas situaciones”.
La dirigente de CC OO puntualizó que, en su fallo, el TSJC ha considerado como “decisivos” los informes realizados por diferentes gabinetes técnicos sobre la salud de la trabajadora afectada, entre los que destacó el emitido por la propia Secretaría de Política Social y Mujer de CC OO.
Así, Castillo explicó que la sentencia del TSJC desestima el recurso de suplicación presentado por Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la mutua de accidentes contra el fallo judicial del Juzgado nº 4 de lo Social de Santander, del pasado 17 de abril, en el que su ponente, el magistrado juez Alfonso González González, consideraba probado que la trabajadora, que ejercía como auxiliar de clínica y estuvo de baja por incapacidad temporal desde agosto de 2003 a febrero de 2005, “presenta afecciones derivadas de la situación que padeció, en concreto trastorno depresivo, estrés postraumático y crisis de angustia, derivado del acoso laboral”.
Según recoge la sentencia, todo ello se ha traducido, a tenor del informe médico, en un cuadro mixto ansioso-depresivo de intensidad grave, sin que los diversos tratamientos a los que la mujer ha sido sometida hayan supuesto una “clara mejoría” ni haga pensar en su posible recuperación, “por lo que no está capacitada para una ocupación laboral”.
Por ello, la responsable de CC OO resaltó que el fallo judicial señala que la mujer “está angustiada, no puede salir a la calle si no va acompañada debido al miedo que soporta, y no tiene ganas de luchar porque recuerda los abusos sufridos por parte de su jefe”.
El ponente argumenta asimismo en su sentencia que la jurisprudencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto “que la incapacidad permanente absoluta debe ser reconocida tanto al trabajador que carezca de toda posibilidad física de realizar cualquier quehacer laboral como al que, aún con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumar, con cierta eficacia, las tareas derivadas de su actividad laboral”.
En este sentido, el fallo judicial considera que las lesiones que padece esta trabajadora revelan que ésta “se encuentra incapacitada para todo tipo de profesión u oficio, al no poder realizar ningún tipo de actividad con la continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad que exige el mercado laboral”.
En consecuencia, la secretaria de la Mujer de CC OO de Cantabria indicó que el la sentencia establece el derecho de esta trabajadora a cobrar por accidente de trabajo una pensión equivalente al 100% de su base reguladora, con la revalorizaciones y mejoras que legalmente le correspondan desde el 15 de marzo de 2005.
Cantabria: El TSJC confirma la incapacidad permanente absoluta a una mujer por acoso laboral
El sindicato destaca que el Tribunal ha tenido en cuenta en su sentencia el informe técnico emitido por la Secretaría de la Mujer de CC OO
20-03-2007
CC OO de Cantabria expresó hoy su satisfacción por la reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en la que confirma “en todos sus pronunciamientos” la incapacidad permanente absoluta a una mujer de 29 años que padece trastorno depresivo como consecuencia del acoso laboral que sufrió por parte de su jefe.
La secretaria de la Mujer de CC OO, Yolanda Castillo, aseguró que esta sentencia, la “primera” de este tipo en España que reconoce la incapacidad absoluta por acoso laboral, “abre una puerta a la esperanza” para el 15% de mujeres trabajadoras españolas -1,3 millones- que, según un estudio del Instituto de la Mujer, sufren acoso laboral en su trabajo.
Tras conocer esta sentencia, que ya es firme, Castillo animó a las mujeres trabajadoras afectadas a “que no permanezcan por más tiempo calladas y denuncien a sus acosadores” ya que, según recalcó, “actualmente sólo un 25% de ellas reconocen haber comentado con alguien estas situaciones”.
La dirigente de CC OO puntualizó que, en su fallo, el TSJC ha considerado como “decisivos” los informes realizados por diferentes gabinetes técnicos sobre la salud de la trabajadora afectada, entre los que destacó el emitido por la propia Secretaría de Política Social y Mujer de CC OO.
Así, Castillo explicó que la sentencia del TSJC desestima el recurso de suplicación presentado por Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la mutua de accidentes contra el fallo judicial del Juzgado nº 4 de lo Social de Santander, del pasado 17 de abril, en el que su ponente, el magistrado juez Alfonso González González, consideraba probado que la trabajadora, que ejercía como auxiliar de clínica y estuvo de baja por incapacidad temporal desde agosto de 2003 a febrero de 2005, “presenta afecciones derivadas de la situación que padeció, en concreto trastorno depresivo, estrés postraumático y crisis de angustia, derivado del acoso laboral”.
Según recoge la sentencia, todo ello se ha traducido, a tenor del informe médico, en un cuadro mixto ansioso-depresivo de intensidad grave, sin que los diversos tratamientos a los que la mujer ha sido sometida hayan supuesto una “clara mejoría” ni haga pensar en su posible recuperación, “por lo que no está capacitada para una ocupación laboral”.
Por ello, la responsable de CC OO resaltó que el fallo judicial señala que la mujer “está angustiada, no puede salir a la calle si no va acompañada debido al miedo que soporta, y no tiene ganas de luchar porque recuerda los abusos sufridos por parte de su jefe”.
El ponente argumenta asimismo en su sentencia que la jurisprudencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto “que la incapacidad permanente absoluta debe ser reconocida tanto al trabajador que carezca de toda posibilidad física de realizar cualquier quehacer laboral como al que, aún con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumar, con cierta eficacia, las tareas derivadas de su actividad laboral”.
En este sentido, el fallo judicial considera que las lesiones que padece esta trabajadora revelan que ésta “se encuentra incapacitada para todo tipo de profesión u oficio, al no poder realizar ningún tipo de actividad con la continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad que exige el mercado laboral”.
En consecuencia, la secretaria de la Mujer de CC OO de Cantabria indicó que el la sentencia establece el derecho de esta trabajadora a cobrar por accidente de trabajo una pensión equivalente al 100% de su base reguladora, con la revalorizaciones y mejoras que legalmente le correspondan desde el 15 de marzo de 2005.
Penas de Carcel para agresiones a sanitarios
EFE - Palma - 18/05/2008 12:10. De www.ccoosanidadcanarias.org http://www.ccoosanidadcanarias.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1064
El juzgado de lo Penal número 2 de la Audiencia Provincial de Palma ha emitido una sentencia pionera que condena a un año y seis meses de prisión a una mujer que agredió a un enfermero, en un centro sanitario de s'Indioteria en Palma, por considerarlo un "atentado", además de "lesiones".
Es la primera vez que en un juicio por la agresión a un trabajador del ámbito sanitario se aplican los artículos 550 y 551 del Código Penal, de forma el delito cometido adquiere la consideración de "atentado", según han informado a Efe fuentes del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut).
Los hechos juzgados ocurrieron en la tarde del 18 de julio de 2006, en la Unidad Básica de Medicina del barrio de s'Indioteria de Palma, cuando la acusada "abordó al enfermero" y tras hacerle varias preguntas le "abofeteó en la cara y estiró del cabello", agresión que le ocasionó un "esguince cervical, cefaleas y ansiedad". El agredido requirió tratamiento médico durante 31 días.
La titular del juzgado número 2, la jueza Magdalena Ferreté, ha tenido en cuenta en la sentencia que el enfermero tiene calidad de "funcionario público" al depender de la Conselleria de Salud y Consumo de Baleares y ha atendido la petición del Ministerio Fiscal basándose en los artículos 550 y 551 del Código Penal para la calificación del delito.
En virtud de dichos artículos, se considera que incurren en atentado quienes "acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
La jueza ha condenado a la agresora a un año de prisión por el delito de atentado -la pena mínima para esta calificación- y a otros seis meses por lesiones, con inhabilitación especial durante ambas penas para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Puede eludir la prisión
La acusada deberá además pagar una indemnización de 1.104 euros al agredido y asumir las costas del proceso como consecuencia de la "responsabilidad criminal declarada".
La condenada, probablemente, no ingresará en prisión, dado que no tiene antecedentes penales.
El conseller de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, informó a principios de mayo de que el registro corporativo de Baleares lleva notificadas 48 agresiones verbales o físicas a profesionales del ámbito sanitario de las islas desde que empezó el año, de las que únicamente dos han sido denunciadas ante instancias policiales.
Representantes del Colegio de Médicos de Baleares y de la Conselleria de Salud y Consumo celebraron en febrero de 2007 reuniones con miembros del Ministerio Fiscal de Baleares, para solicitar un endurecimiento en las acusaciones contra personas que agredieran a personal sanitario.
El juzgado de lo Penal número 2 de la Audiencia Provincial de Palma ha emitido una sentencia pionera que condena a un año y seis meses de prisión a una mujer que agredió a un enfermero, en un centro sanitario de s'Indioteria en Palma, por considerarlo un "atentado", además de "lesiones".
Es la primera vez que en un juicio por la agresión a un trabajador del ámbito sanitario se aplican los artículos 550 y 551 del Código Penal, de forma el delito cometido adquiere la consideración de "atentado", según han informado a Efe fuentes del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut).
Los hechos juzgados ocurrieron en la tarde del 18 de julio de 2006, en la Unidad Básica de Medicina del barrio de s'Indioteria de Palma, cuando la acusada "abordó al enfermero" y tras hacerle varias preguntas le "abofeteó en la cara y estiró del cabello", agresión que le ocasionó un "esguince cervical, cefaleas y ansiedad". El agredido requirió tratamiento médico durante 31 días.
La titular del juzgado número 2, la jueza Magdalena Ferreté, ha tenido en cuenta en la sentencia que el enfermero tiene calidad de "funcionario público" al depender de la Conselleria de Salud y Consumo de Baleares y ha atendido la petición del Ministerio Fiscal basándose en los artículos 550 y 551 del Código Penal para la calificación del delito.
En virtud de dichos artículos, se considera que incurren en atentado quienes "acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
La jueza ha condenado a la agresora a un año de prisión por el delito de atentado -la pena mínima para esta calificación- y a otros seis meses por lesiones, con inhabilitación especial durante ambas penas para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Puede eludir la prisión
La acusada deberá además pagar una indemnización de 1.104 euros al agredido y asumir las costas del proceso como consecuencia de la "responsabilidad criminal declarada".
La condenada, probablemente, no ingresará en prisión, dado que no tiene antecedentes penales.
El conseller de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, informó a principios de mayo de que el registro corporativo de Baleares lleva notificadas 48 agresiones verbales o físicas a profesionales del ámbito sanitario de las islas desde que empezó el año, de las que únicamente dos han sido denunciadas ante instancias policiales.
Representantes del Colegio de Médicos de Baleares y de la Conselleria de Salud y Consumo celebraron en febrero de 2007 reuniones con miembros del Ministerio Fiscal de Baleares, para solicitar un endurecimiento en las acusaciones contra personas que agredieran a personal sanitario.
viernes, 16 de mayo de 2008
Noticias.
El Ministerio de Trabajo quiere que las Mutuas sigan fusionándose. Más información en el link: http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-trabajo-emplaza-mutuas-seguir-asociandose-quiere-colaboren-sanidad-publica-20080514140403.html
Charlas de Salud Laboral en Gran Canaria 2008
El siguiente es el cronograma de las charlas de la Unidad de Salud Laboral en distintos centros de Salud de Gran Canaria de los meses de mayo y junio de 2.008.
miércoles, 7 de mayo de 2008
El inicio
Este es el Blog de la Sociedad Canaria de Medicina Asistencial Laboral (SCMAL). La SCMAL es una Sociedad con ambito en la Comunidad Autónoma de Canarias, que engloba a médicos con actividad profesional de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con dedicación asistencial . Se trata de una Sociedad multidisciplinar, en la que tienen cabida todos aquellos profesionales que atienden médicamente al trabajador desde sus respectivas especialidades (Medicina General, Medicina de Familia, Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina del Trabajo, etc.).
Se trata de una sociedad científica, que aboga por el desarrollo científico de la Medicina Asistencial Laboral, además de para la defensa corporativa de sus asociados.
Este es el inicio de este blog. Esperemos que nos sirva a todos como punto de encuentro.
Sin más,se bienvenido a nuestro blog.
Se trata de una sociedad científica, que aboga por el desarrollo científico de la Medicina Asistencial Laboral, además de para la defensa corporativa de sus asociados.
Este es el inicio de este blog. Esperemos que nos sirva a todos como punto de encuentro.
Sin más,se bienvenido a nuestro blog.
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Encuentro digital con Maximino Morales
El encuentro digital se produjo en la Redacción del periódico La Provincia-Diario de Las Palmas el viernes 4 de julio de 2.008 a las 17:00.
